El diputado de Esquerra Unida en Les Corts Lluís Torró se ha referido a las detenciones de los directores generales de Vaersa, el anterior y el actual, “son un hecho extremadamente grave y que implica unas responsabilidades políticas que van más allá de las posibles responsabilidades penales”. En este sentido, recuerda Torró que por encima de los dos directores generales había y hay, más responsabilidades, “las de los consellers -entre ellos Juan Cotino- que tienen que dar la cara, asumir los hechos y dimitir”.
Para Esquerra Unida existe una responsabilidad directa de la conselleria de Medio Ambiente, que es la conselleria que directamente ha tutelado Vaersa, “habrá que analizar con profundidad todos los procedimientos que se han llevado a cabo por parte de esta empresa”, e insistía en que “hará falta que la propia Generalitat inicie una investigación en profundidad, por eso pedimos esta comisión en Les Corts”.
Desde EU lamentan “profundamente el mal uso que el PP está haciendo de las empresas públicas, las cuales trata como su cortijo particular. Esta manera de gestionar está generando enormes perjuicios para la sociedad en general y también para un sector concreto que son los propios trabajadores de esas empresas públicas que aparecen como las principales víctimas de esta gestión del PP”.
Comparecencia de Bonig
Por su parte, el PSPV ha anunciado este jueves que va a pedir la comparecencia “urgente e inmediata” de la consellera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en Les Corts y que ha registrado una solicitud para reclamar la creación de una comisión de investigación en esta institución con el fin de “aclarar” y “averiguar todo lo que ha pasado en la empresa pública Vaersa” porque “ya no es momento de ponerse de perfil”.
El diputado socialista Francesc Signes ha explicado que “Vaersa tiene una situación insostenible”, y ha citado asuntos que se investigan en la empresa pública como la compra de más de 65 vehículos todoterreno, un contrato con Orange Market para promocionar los contenedores amarillos de residuos, contratos de asesoramiento jurídico “sin concurso público” y la elaboración “por parte de trabajadores de Vaersa de informes sobre declaraciones de impacto ambiental que debían hacer funcionarios públicos”. Sobre estos informes, ha agregado que se hacían “a la carta”, con dos versiones, “una positiva y otra negativa para que el responsable político de turno eligiera el que más convenía”.