Las agresiones constitutivas de un delito de odio son prácticamente invisibles en la Comunitat Valenciana. Si bien en el último año han crecido las denuncias a través de las redes sociales, en el ámbito judicial estos casos aún no han registrado una proporción equivalente. Según la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, en 2020 solo se incoaron 27 diligencias de investigación penal por delitos de odio en la provincia de Valencia, 7 en Alicante y ninguna en Castellón.
La eclosión de la pandemia y el confinamiento redujeron las denuncias presentadas en todas las vías de la acción judicial, pero la máxima responsable de la Fiscalía en Valencia, Teresa Gisbert, ha mostrado este lunes su preocupación por la invisibilización de estas agresiones. Según sus cálculos, solo se comunican entre el tres y el seis por cien de los delitos, un porcentaje que recuerda a las denuncias por delitos de agresiones sexuales, que se incrementaron a consecuencia de las campañas de concienciación y apoyo a las víctimas.
En su comparecencia en las Corts Valencianes, la fiscal superior ha instado a las víctimas a confiar en la justicia autonómica: “Las víctimas deben denunciar, hay ayudas. Falta campaña de concienciación”, ha comunicado, insistiendo en la falta de información de las personas que sufren los delitos de odio, los colectivos más vulnerables, para conocer los recursos de los que disponen.
En los datos desgranados por provincias sobre delitos de odio, la memoria de Fiscalía correspondiente al año judicial 2020, el órgano judicial reconoce que “resulta muy difícil establecer criterios generales, siendo necesario un análisis muy pormenorizado y exhaustivo de cada elemento que rodea el hecho en sí” y advierte que “la ausencia de una jurisprudencia consolidada y las contradicciones entre unas sentencias y otras no facilita las cosas”. No obstante, indica el escrito en lo referente a Alicante, “se observa que los delitos de odio registrados sí que coinciden en realizarse a través de las redes sociales (Instagram, Twitter,..) y obedecer a motivaciones ideológicas de extremos”. “La sociedad cada vez más demanda una respuesta efectiva y eficaz contra los delitos de odio y la Fiscalía, como órgano especializado, debe de estar a la altura”, prosigue el documento.
En el caso de los procedimientos abiertos en Valencia, la memoria indica que la mayoría de los que se encuentran en trámite “se refieren a delitos de odio tanto por incitación a través de la palabra (510.1) como con actos de humillación y menosprecio (510.2) concretados en lesiones y amenazas, y que los casos más frecuentes vienen motivados por la LGTBIfobia y la xenofobia hacia personas migrantes, aunque hay algunos supuestos por razón de discapacidad y 1 por razón de género”. Respecto a los que culminaron con sentencia condenatoria, un caso fue por delito de lesiones del artículo 147 con la agravante del artículo 22.4, con sentencia de conformidad, 1 por delito del artículo 510.1 agravado por su difusión a través de redes sociales, 7 por delitos del artículo 510.2, por diversos actos de discriminación y humillación acompañados de lesiones o amenazas, todos ellos por razones de homofobia o xenofobia“, según recoge la memoria.
La fiscal superior insiste en el documento en el deber de la Fiscalía de protección a las personas más vulnerables: “Es preciso recordar que las crisis siempre se ceban con las personas más vulnerables y las víctimas de delito de odio son vulnerables de todo punto”.
Violencia machista
Como hiciera en su comparecencia la fiscal responsable de violencia sobre la mujer, poco después del fin del estado de alarma, Gisbert ha vuelto a insistir en los efectos del confinamiento sobre la violencia machista. Respecto a los datos estadísticos sobre violencia de género, Gisbert ha advertido que las víctimas, mujeres e hijos, han estado sometidas a mayor presión y control por su pareja. En 2020 se redujeron las denuncias por violencia de género en los juzgados especializados pero aumentaron las llamadas al 016 y al Centro Mujer 24 Horas.