Uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales. Estos son los delitos que la Fiscalía atribuye a Francisco Martínez, ex número 2 de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, por los que pide 11 años de prisión, 21 años de inhabilitación y una multa de un millón de euros.
La noticia la ha avanzado Radio Castellón, que explica que quien fue alcalde de la Vall d'Alba durante 24 años (1991-2015) con el PP habría acometido la compra-venta de una veintena de terrenos en la localidad que llegarían a abarcar más de un millón y medio de metros cuadrados, donde se planificaría la construcción de diversos proyectos urbanísticos de importante entidad.
La Fiscalía también ha puesto en su punto de mira a la hija de Francisco Martínez, Andrea Martínez, por delito continuado de información privilegiada, para quien se pide una multa de un millón de euros; también estaría señalado el empresario socio, Raúl Bibiloni, para quien se pide 5 años de prisión por fraude administrativo.
La acusación popular, que ejerce el PSPV, pide 16 años de cárcel para Martínez, 12 años de prisión para Babiloni y 4 años de cárcel para Andrea Martínez.
Proyectos
La acusación a Francisco Martínez se basa en tres supuestos pelotazos urbanísticos en la Vall d'Alba. El más destacado de ellos seria el PAI Mas de Lluna un proyecto de más de 2 millones de metros cuadrados que albergaría 2.000 viviendas, hoteles y un campo de golf, en una localidad que cuenta actualmente con 3.000 habitantes escasos. Aquí Martínez, según explica Radio Castellón, tendría la propiedad de unos terrenos que habría adquirido a un precio bajo antes de que saliera a la luz pública el proyecto.
De este modo los tres investigados, Francisco y Andrea Martínez y Raúl Babiloni, tendrían que hacer frente a una acusación de lucro ilícito aprovechándose de información privilegiada. La compra de los terrenos se habría llevado a cabo a través de tres sociedades tapadera Gestintur, Prodever y Franvaltur, que habrían comprado los terrenos entre 2005 y 2014. El método era la especulación con información privilegiada: compraban los terrenos a propietarios privados, esperaban la revalorización a través del proyecto que ya conocían, y los vendían a promotores urbanísticos.
Cabe recordar que Francisco Martínez ya fue condenado a 8 meses de cárcel por corrupción urbanística dentro de sus funciones como político, dos años de habilitación y 12.600 euros de multa por el caso de la depuradora de Borriol. En este caso fue condenado por un delito de negociación prohibida por proyectar dicha depuradora en unos terrenos que eran propiedad de su familia.