El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha ratificado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia su denuncia contra el agente de la Guardia Civil que suscribió un informe que le vincula con el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa pública Ciegsa.
Dicha denuncia, posteriormente ampliada a querella, ha sido admitida a trámite por la titular del citado juzgado, han informado a EFE fuentes conocedoras del proceso.
El informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el conocido como caso Imelsa consideran que Ciegsa, empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros escolares, fue objeto de luchas internas en el seno del PP por hacerse con el reparto de comisiones.
Según consta en un informe incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE, el grupo especializado en delitos contra la administración de la Guardia Civil considera que hay indicios de la posible existencia de una estrategia de financiación autonómica del PP arraigada en Ciegsa.
Estas conclusiones se extraen básicamente de las conversaciones telefónicas entre el entonces gerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa Marcos Benavent y el consejero delegado de Ciegsa entre 2003 y 2007, Máximo Caturla.
Los agentes entienden, a raíz de las conversaciones entre Benavent y Caturla que obran en el sumario, que “el entonces president Francisco Camps tendría conocimiento del uso que se estaría haciendo de la empresa Ciegsa, ya que Alfonso Rus -entonces presidente de la Diputación de Valencia- habría hablado con él”.
“Gravísimas acusaciones y calumnias”
En su denuncia, Camps considera que en ese informe se vierten una serie de “gravísimas acusaciones y calumnias” contra su persona que “sin lugar a dudas son constitutivas de distintos delitos”.
Se refiere en concreto a las afirmaciones recogidas en ese informe de que Camps “habría participado” de la adjudicación de obras por parte de Ciegsa así como del cobro de comisiones, unos hechos que el expresident asegura que son falsos.
Añade en su denuncia que esas acusaciones se producen a partir de una interpretación “maliciosa e interesada” que el agente que firma el informe realiza de unas grabaciones “efectuadas por una persona” con la que, remarca, no ha tenido ni tiene “ninguna relación”.
En ningún modo, asegura, una lectura “tranquila y sosegada” de esas conversaciones “puede reflejar relación alguna” suya con los hechos y destaca que “no hay base alguna para llevar a cabo esas conclusiones categóricas de todo punto absurdas”.