El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido a la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat en la época de Francisco Camps, Isabel Villalonga, que estuvo investigada durante unos meses en el caso Nóos, una indemnización mayor de la que se le había concedido inicialmente por los gastos devengados en su defensa judicial. De esta forma, al final, el gobierno autonómico pagará de forma completa los honorarios de sus abogados más los intereses desde abril de 2015.
Así consta en una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se omiten tanto los datos de esta ex alto cargo como del caso en el que estuvo investigada. El TSJCV le reconoce la indemnización solicitada -que asciende a 4.024 euros- al considerar que existe una “proporcionalidad” y “moderación” que “en ningún caso alcanza el límite máximo establecido en el baremo de honorarios”.
Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la sentencia de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo, se trata de Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia, que estuvo investigada durante unos meses en el caso Nóos y que fue precisamente quien rechazó el pago de 123 facturas presentadas por el Instituto dirigido por el exduque de Palma por importe de cerca de dos millones de euros al entender que no estaban debidamente justificadas.
El 6 de julio de 2016 el subsecretario de Presidencia reconoció el derecho de Villalonga a percibir la indemnización prevista en la ley 10/2005 de Asistencia Jurídica a la Generalitat, por importe de 1.694 euros. Sin embargo la ex alto cargo recurrió al entender que se le debía reconocer el derecho a percibir como indemnización el total de los gastos devengados en su defensa, que cifraba en 4.024 euros más los intereses y condena en costas.
El artículo 11 de la ley establece que la Generalitat podrá asumir la defensa de autoridades y el personal a su servicio contra los que se dedujesen judicialmente pretensiones de responsabilidad civil o penal por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos, funciones o empleos, siempre que esta personas hubieran actuado con sujeción a la legalidad o cumpliendo órdenes superiores que no constituyeran una infracción manifiesta, clara y terminante del ordenamiento jurídico y que exista coincidencia de intereses, entre otros extremos.
Villalonga, que posteriormente pasó a desempeñar puesto en Delegación del Gobierno, figuró durante unos meses como investigada en Nóos por su intervención como subsecretaria en el pago hecho por la Generalitat en 2006 al Instituto Nóos de determinadas facturas referidas a los denominados Juegos Europeos.
ADVIRTIÓ IRREGULARIDADES
El magistrado archivó la investigación en un auto en el que hacía referencia a su “valiente negativa” al pago a Nóos de facturas por importe de unos dos millones de euros en las que advirtió “serias irregularidades”, una acción que fue “decisiva” para evitar que se consumara su supuestamente fraudulento cobro.
En su reclamación ante la Generalitat para el pago de su defensa, la ex alto cargo acompañó documentación como acreditación de los gastos, minuta de honorarios profesionales, asistencia a declaraciones o preparación de escritos por parte de dos letrados.