La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha denunciado este domingo que la Generalitat debe al sector de atención a la dependencia 60 millones de euros, con una media de seis meses de impagos.
La patronal del sector ha asegurado que si la media continúa así se situará de nuevo a las empresas y profesionales del sector “en una situación de fragilidad absoluta sobre su futuro”.
La directora general de Aerte, María José Mira, ha explicado que un año después de solicitarlo siguen a la espera de reunirse con la Conselleria de Hacienda “para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación, que afecta directamente a la viabilidad del sector”.
Según ha indicado, cada mes de impagos supone 15 millones de euros, “lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, más de 200, o los más de 14.000 empleos directos que genera y los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales”.
Además, la asociación ha recordado que los pagos deben de efectuarse “de forma equilibrada y sin diferencias por programas” porque, tal y como ha apuntado Mira, “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no, unas facturas estén contabilizadas y otras no, unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando y otros no, unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no”.
“Tenemos una comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”, ha lamentado la directiva, que ha indicado no obstante que “a día de hoy todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración”.
Por ejemplo, ha insistido, “los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, tienen 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; y las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar”.
Asimismo, “la deuda con los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanza los 3,5 millones o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones”.
Así, Mira ha insistido en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social “contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, que no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones”.