El parlamento valenciano eligió a este jueves a siete de los ocho miembros del Consejo de Administración de la entidad que debe asumir la radiotelevisión pública valenciana. A falta del representante elegido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, PP y Vox consuman el control sobre los medios de comunicación públicos al escoger en pleno a todos los miembros del órgano que gestionará la actual À Punt. A falta de un representante y de un detalle no menor: la propia empresa pública.
Se da la paradoja de que la Cámara ha elegido a los consejeros de una mercantil que todavía no se ha creado. Al menos, no hasta hace dos días. Presidencia de la Generalitat indica en una respuesta parlamentaria, fechada a 13 de diciembre y registrada en las Corts el 18 de este mismo mes, un día antes de la votación de los miembros, que la sociedad anónima no se ha constituido. El secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, responde a varias interpelaciones de la socialista Mercedes Caballero que “corresponderá a la nueva Sociedad Anónima, una vez se constituya, la adopción de medidas (...)” en referencia a si cambiará el nombre de À Punt.
Se entiende que la entidad, que tendrá carácter de sociedad mercantil de la Generalitat, debe ser creada por Ejecutivo autonómico como parte de su sector público instrumental. La ley aprobada en junio, que deja sin efectos la norma anterior, establece que la mercantil “estará adscrita a la Presidencia de la Generalitat, sin perjuicio de su autonomía en la gestión e independencia funcional”.
El Consejo de Administración recién elegido, entre protestas de la oposición que se queda fuera, no tiene aún fijado el calendario de trabajo. El órgano debe completarse con el consejero de la Federación de municipios y escoger a un presidente, encomienda que recaerá sobre el director de informativos de la Cope en Valencia, Vicente Ordaz. Una vez constituido, la ley le da un plazo de un mes para escoger a un director general que asumirá las funciones ejecutivas.
La Federación se halla en su propio conflicto desde que prosperara la moción de censura de Requena, cuya primer edil, Rocío Cortés (PP) ocupaba la presidencia del órgano. El Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias del martes aprobó por unanimidad incluir a la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, en el Consejo y la comisión ejecutiva de la entidad, y elegirla presidenta en la asamblea de febrero.
Asimismo, el consejo tendrá un plazo de seis meses para aprobar una nueva relación de puestos de trabajo para la radiotelevisión pública valenciana. La nueva mercantil deberá absorber la actual Sociedad Anónima de Mitjans de Comunicació, que ya ha visto saneadas sus cuentas gracias a una inyección extraordinaria de 37 millones de euros desde la Generalitat.
Las Corts también tendrán que dotar al consejo y al director general “de una carta de servicios y objetivos que presidirá la actuación de la empresa al fijar sus objetivos generales” para los próximos nueve años. El preámbulo de la ley hace varias alusiones a dotar de seguridad las acciones de la radiotelevisión y a buscar la eficiencia en su gestión, pero se da la circunstancia de que, al crear otra empresa pública, convivirán durante unos meses tres mercantiles públicas para el mismo fin. Durante un periodo transitorio habrá tres empresas públicas -una corporación y dos sociedades- para los medios de comunicación valencianos.