La Generalitat Valenciana examina un contrato del Instituto Valenciano de las Mujeres a la empresa de la exdirigente socialista Isabel García. La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha avanzado que el Ejecutivo está revisando un contrato menor suscrito en mayo por este organismo, que depende de la Administración autonómica y estaba dirigido por el PSPV, a la mercantil de la ya cesada como directora del Instituto de las Mujeres a nivel nacional.
En concreto, según ha apuntado Merino, se examina un contrato de 14.200 euros para la gestión de los puntos violeta en los festivales de la Comunitat Valenciana, suscrito para el periodo estival. La consellera popular ha dicho que están revisando “si existen indicios de trato de favor” por parte del anterior Ejecutivo en relación a este contrato. La consellera ha insistido en que revisarán si había otras empresas que concurrieron y “qué términos y circunstancias acompañaron a este contrato”, recuerda que “ha sido durante años una alta dirigente del PSOE”. La directora del Instituto Valenciano de las Mujeres en la época de la adjudicación era María Such, nombrada por los socialistas. El actual Consell, ha dicho, investigará “el uso que se les ha dado a los puntos violeta y el porqué de la contratación”.
El Consejo de Ministros ha destituido este martes a García como responsable del organismo que depende del Ministerio de Igualdad. El cese llega después de varias semanas de cuestionamiento a la socialista, donde se ha apuntado que la empresa que constituyó en 2022 ha recibido contratos públicos aún siendo ella un cargo público.
El pasado jueves, García aseguraba que cuando fue nombrada para el cargo se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses y siguió sus instrucciones para regularizar su participación en las empresas que compartía con su mujer conforme a su nueva responsabilidad política. La Oficina le comunicó que podía mantener hasta el 10% de la propiedad de las empresas que compartía con su mujer, y ella se quedó con el 8%. Según publicó según publicó El Español, una de sus empresas ganó dos concursos en el ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) entre marzo y mayo de este mismo año, cuando ella ya estaba en el cargo. En los dos casos se presentaron tres ofertas similares de tres empresas vinculadas a ella. Además, según el Registro Mercantil, no fue hasta marzo de este año cuando se produjo el traspaso de participaciones de las empresas a su pareja. García ha vuelto a emitir un comunicado en el que asegura que se defenderá judicialmente de las acusaciones.