El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha defendido que no conoce ningún precepto que obligue a la Generalitat a ejercer la acción penal en el caso Nóos y ha insistido en que, con la personación civil, los intereses de la Administración autonómica están “protegidos y defendidos”.
Císcar se ha pronunciado así en la comisión de Coordinación de Les Corts Valencianes, donde la diputada socialista Eva Martínez le ha preguntado por las actuaciones desarrolladas por la Generalitat desde su personación civil en el caso Nóos para garantizar el reembolso de las cantidades abonadas ilícitamente a ese Instituto.
El vicepresidente ha reprochado al PSPV que haya calificado de “farsa” esa personación civil, lo que a su juicio es una “auténtica barbaridad jurídica” y un “auténtico despropósito”, y ha reivindicado que la Abogacía de la Generalitat está haciendo “todo lo que tiene que hacer” para recuperar hasta el último euro.
Martínez ha calificado de “paripé” esa personación y ha tachado de “incomprensible” que la Abogacía de la Generalitat no compareciera en el interrogatorio a un testigo “vital” como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ni formulara repreguntas al expresident de la Generalitat Francisco Camps.
La socialista ha preguntado si la Generalitat va a hacer “algo de una vez” para recuperar los cuatro millones de euros que “saqueó” el Instituto Nóos en instituciones valencianas, con Camps y Barberá como “padrinos”, o van a “seguir callados” para proteger a un “cadáver político” como es el expresident y a la alcaldesa.
Ha destacado que hay cinco ex altos cargos del Consell imputados en el caso Nóos, y ha asegurado que los valencianos quieren recuperar su dinero y que los responsables penales sean juzgados y cumplan sus penas en caso de ser condenados.
Císcar le ha replicado que la Abogacía de la Generalitat actúa “con total profesionalidad e independencia”, sin que el Consell le dé indicaciones ni la Abogacía le pregunte sobre su actuación, y con el fin de recuperar lo que ilícitamente se haya podido sustraer de las arcas públicas.
Ha insistido en que el Ministerio Fiscal ya ejercita la acción penal, y ha recordado que el pasado mes de mayo se dictó un auto para asegurar futuras responsabilidades, con una fianza civil que contemplaba 1.044.000 euros de lo pagado por los Valencia Summit y 383.000 euros del convenio con la Sociedad Promotora de la Imagen Estratégica de la Comunitat.
El vicepresidente ha añadido que, cuando llegue el momento procesal oportuno, la Generalitat podrá reclamar las cantidades que estime que le corresponden para asegurar la restitución de caudales, pero en la actualidad los intereses de los valencianos están “adecuadamente protegidos y defendidos”.