El Gobierno trabaja para encontrar la fórmula de mejorar la financiación de las comunidades autónomas sin abordar la reforma del sistema ni un fondo de nivelación. Y es en el ámbito de la llamada cogobernanza y la cogestión donde parece haber encontrado la respuesta. El Ejecutivo compensará la falta de financiaciación para servicios sociales, educación y sanidad, los llamados pilares del Estado de Bienestar, mediante convenios con las comunidades autónomas y otras transferencias. La idea, según explican fuentes de las negociaciones a elDiario.es, es aprobar un mecanismo común para todos los territorios que en sus criterios tenga en cuenta las necesidades de las autonomías infrafinanciadas como la valenciana, la murciana o la andaluza.
La reforma del sistema de financiación ya se plantea en términos de legislatura, según explicó la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, en una entrevista en La Vanguardia, donde la condicionaba al acuerdo en el Congreso. Pero ello no implica no mejorar los recursos de las autonomías. Al presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda insistía en que las cuentas públicas contribuyen con prestaciones extraordinarias con las comunidades autónomas y la seguridad social. En concreto, 13.486 millones de euros en transferencias extraordinarias a las Comunidades Autónomas y 18.396 millones a la Seguridad Social. Desde hace semanas, los dirigentes valencianos insisten en que la Generalitat Valenciana dispondrá de una financiación extraordinaria para el próximo ejercicio, donde se seguirán notando las consecuencias de la pandemia.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, adelantó en la última sesión de control en las Corts Valencianes que el Ejecutivo autonómico dispondría de una financiación “récord”: 13.800 millones de euros en financiación procedente del Estado, un 4,1% más que este año pese a la caída de ingresos. Su cálculo incorporaba 3.300 millones de euros entre las entregas a cuenta del sistema de financiación -que se mantienen estables- y el 2,2% de déficit que el Ejecutivo puso de referencia, repartido a medias entre transferencias del Gobierno y déficit autorizado. Puig respondía así al portavoz de Compromís, coalición que insiste en el Congreso en la conveniencia de un fondo de nivelación que corrija las desigualdades derivadas del sistema de financiación, una medida que apoya el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Comisión de Expertos en Financiación, que así lo ha trasladado en diversas ocasiones.
A estas transferencias hay que incorporar las partidas del fondo no reembolsable de la COVID-19 aprobado por el Gobierno central -16.000 millones aprobados en junio- y los fondos europeos, que seguirán esta línea de cogestión. Tras la conferencia de presidentes de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a los dirigentes autonómicos que los próximos presupuestos incorporarán a cuenta de los fondos de Bruselas 27.000 millones de euros de los cuales el 50% serán cogestionados por las autonomías.
Los criterios para que los proyectos accedan a este fondo están por definir y se acotarán con los representantes de Hacienda, dentro de un convenio marco entre ministerios implicados y las comunidades. De esos fondos, el Gobierno valenciano aspira a obtener el 10% de los proyectos totales del Estado, alineados con los objetivos de la Unión Europea. El plan de recuperación prevé que las autonomías puedan gestionar proyectos y programas de rehabilitación en vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo, digitalización y transición ecológica, áreas que tienen que ver con servicios públicos fundamentales y con las competencias que tienen reconocidas. Las autonomías, explicaban ayer asistentes a la reunión, reclaman criterios objetivos y transparentes en cualquier reparto de fondos.
Por el momento, la medida no se ha puesto sobre el papel ni se ha terminado de concretar en los Presupuestos Generales del Estado. Del mismo modo que los presidentes autonómicos piden un trato equitativo, los representantes valencianos exigen que el criterio poblacional se considere en todos los fondos que el Estado remita a las autonomías. Puig pedía el 10% de los proyectos -para el 11% de la población del país- y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, condiciona su apoyo a “que cualquier fondo que se transfiera a las comunidades autónomas primen los criterios de población real”.