En el año 2000, unos empresarios le regalaron al rey Juan Carlos I el yate Fortuna, una embarcación a la que renunción el 2013. Patrimonio Nacional procedió a su devolución y se tuvo que indemnizar por despido improcedente a los diez trabajadores del barco. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictaminó en octubre de 2013 que este cargo, de más de 1,2 millones de euros, fuera asumido “de manera solidaria” por la institución pública y la empresa adjudicataria del mantenimiento y gestión del buque, Unión Naval de Valencia.
Sin embargo, el Gobierno ha reconocido ahora, en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los 10 trabajadores, de 1.235.441 de euros, de la tripulación del Fortuna . El parlamentario valencianista cuestionó al Ejecutivo por el coste por el “despido improcedente” de los 10 trabajadores de este yate.
Según explica el Gobierno, en el año 2013 el rey Juan Carlos I renunció al yate Fortuna, que fue desafectado a través de un real decreto. Como consecuencia, se puso fin al contrato de mantenimiento del yate que Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia S.A. El pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores se tramitó a través de un crédito extraordinario financiado mediante una transferencia del Ministerio de la Presidencia.
Para asumir dicho gasto de más de 1,2 millones, se tramitó una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2013, explica el Gobierno en su respuesta a Mulet.