El presidente de la Generalitat, Ximo Puig y los dos vicepresidentes, Aitana Mas y Héctor Illueca, representantes de las tres formaciones que componen el Gobierno del Pacte del Botànic, han suscrito este viernes las líneas políticas que marcarán las cuentas públicas para 2023.
El anteproyecto de ley de Presupuestos se aprobará en un pleno extraordinario el próximo lunes, 31 de octubre, día límite para cumplir los plazos parlamentarios. Tras el pleno del Consell, las cuentas serán presentadas en las Corts Valencianes para comenzar su debate y tramitación parlamentaria, con las enmiendas de los grupos.
Los representantes del Ejecutivo autonómico han trasladado este viernes que las principales líneas presupuestarias están cerradas, pero se dan dos días de margen para cuadrar los números. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Aitana Mas, ha apuntado que las cuentas seguirán el camino del Pacte del Botànic, aunque no ha querido detallar ninguna partida por “respeto” al conseller de Hacienda, Arcadi España. La portavoz del Consell solo ha expresado que serán unas cuentas con “altura de miras” para dar respuesta a la inflación.
Las cuentas serán expansivas pese a la reforma fiscal, que menguará en 150 millones de euros la recaudación del próximo año, y pese a que tampoco se incluirá la partida reivindicativa de mil millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Hasta dónde era capaz el Ejecutivo autonómico de estirar la previsión de ingresos para cuadrarla con los gastos era una de las principales fricciones -casi una tradición- en las negociaciones del Pacto del Botánico. En esta ocasión, la segunda con una comisión que negocia primero las prioridades políticas, el gasto se ha proyectado después de la previsión de ingresos, apuntan fuentes de la negociación.
Según fuentes del Consell, se prevé un aumento de la recaudación como consecuencia de la inflación -que también implica un aumento de costes- y las transferencias del Estado y las inversiones territoriales previstas en los Presupuestos Generales contribuyen a tener una previsión de ingresos optimista. El presupuesto será ligeramente superior al del último año, que fue de 28.000 millones de euros.
Tercer Botànic
La vicepresidenta ha destacado que la aprobación de “los primeros presupuestos del tercer Botànic” es “muy buena noticia para el conjunto de los valencianos porque ”supone que en los ocho años de este Gobierno se han aprobado ocho presupuestos en tiempo y forma“. ”Este es el bagaje de un gobierno en un ejercicio de rigurosidad, estabilidad, cohesión y diálogo por el bien del bienestar de los valencianos“, ha aseverado.
La dirigente ha insistido en la idea de estabilidad en el tercer pleno del Ejecutivo de esta semana -el lunes se aprobó la reforma fiscal y el miércoles el cambio en la cartera de Transición Ecológica- después de la destitución de Mireia Mollà. Precisamente, las negociaciones presupuestarias fueron uno de los argumentos que se esgrimieron para su marcha del Consell. Sobre este punto, Mas ha considerado que negociar los presupuestos “nunca es fácil” y ha hecho hincapié en que la situación económica actual obliga “todavía más” a que se aprobaran “sin ruido, de forma tranquila, desde el diálogo y el consenso y sobre todo con altura de miras”. “Ha costado como todos los años”, ha reconocido, “pero ha supuesto una cohesión mayor dentro del Consell”.
En esta línea, Mas ha recordado que la oposición “habla de inestabilidad” desde que la coalición de izquierdas accedió al gobierno, en 2015, y apuntaban que “este gobierno sería un fracaso, un desgobierno”. “Hoy volvemos a demostrar que el Botànic está más fuerte que nunca y continúa pudiendo llegar a acuerdos”, ha insistido.
Es algo que Mas ha ligado con la reforma fiscal que se aprobó el pasado lunes y “una muy buena semana para el Botànic”. Un gobierno, ha defendido, que no está pensando en elecciones sino en aliviar las cargas a las familias desde la “máxima estabilidad”.
800 millones de euros por la atención sanitaria a ciudadanos de otros territorios
El pleno del Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno la deuda pendiente por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas, así como a extranjeros.
Según la Generalitat, el importe de esta deuda asciende actualmente a 803,2 millones de euros y se tendría que haber percibido a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), que fue creado en 2012 como instrumento para compensar el gasto sanitario por la atención de desplazados, y a través del Fondo de Cohesión Sanitaria por la atención a extranjeros.