El Gobierno valenciano cambia la ley de protección del territorio para no hacer públicos los grandes proyectos

El Gobierno valenciano de PP y Vox avanza en la modificación de las leyes de protección del territorio aprobadas por el Consell del Botànic. Después de anunciar la modificación del instrumento que impide la construcción de nuevas viviendas en la costa, el Pleno del Consell de este martes ha aprobado un decreto que reforma de urgencia la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) y reducirá la transparencia en los grandes proyectos.

La modificación elimina la obligatoriedad de la consulta previa en la presentación de los llamados proyectos estratégicos, aquellas grandes inversiones industriales, urbanísticas o de ocio que quieran instalarse en suelo valenciano. El Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”, según ha explicado la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.

El Consell de Carlos Mazón defiende esta medida, que recorta la transparencia en proyectos millonarios, en que es necesario para evitar una “sobreexposición de proyectos” que requieren de “confidencialidad” para desarrollarse, así como en acortar los plazos y “evitar movimientos especulativos” en relación con el suelo donde se vayan a proyectar. El PP defiende que la consulta pública puede provocar que los propietarios de los terrenos deseados por una empresa suban el precio de forma desproporcionada, que otro agente compre esa superficie o ahuyentar a los inversores, a quienes quieren poner “alfombra roja”.

Según la titular de Medio Ambiente, la decisión ahorrará entre uno y tres meses al Ejecutivo autonómico. Pasará a ser el Consell, y no la conselleria competente, quien evalúe si el proyecto sale a la luz o no. Pradas ha matizado que si no se realiza el trámite previo “no va a eximir de los posteriores” de información pública y audiencia a los ayuntamientos de los instrumentos de planeamiento y gestión que “lleva aparejado” cada plan territorial. La medida se introduce especialmente para los casos de inversiones “millonarias”, que están “acostumbradas a una seguridad jurídica”, en las que hay una fuerte competencia entre regiones, y tiene el objetivo de “evitar cuestiones que lo que hagan sea ahuyentar que se pueda producir la inversión”.  “Queremos poner la alfombra roja a las inversiones que vengan a crear empleo y que lo hagan de forma totalmente sostenible”, ha enfatizado.

El Gobierno del Pacto del Botánico ya reformuló la Lotup para agilizar inversiones como la de la gigafactoria de baterías en Sagunto. En 2022, el Consell introdujo la figura de los Proyectos Territoriales Estratégicos (PTE) derivada de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, con la que “se pretende favorecer y facilitar la implantación de actividades industriales de alto componente tecnológico e innovador sin renunciar en absoluto a su adecuada ensambladura territorial y ambiental”. Esta figura, de carácter excepcional, ofrecía a inversiones de transformación económica “mayor flexibilidad para su implantación en cuanto que tenemos que avanzar hacia modelos de clústeres más integrados, y más próximos espacialmente en cuanto a la concentración de las diferentes cadenas productivas”. De ella se vale ahora el Consell del PP para reducir la publicidad previa. Con el argumento de fomentar la inversión, la transparencia se ve en riesgo.

El decreto también incluye ampliar el plazo de regularización de actividades industriales y terciarias en suelo no urbanizable a través de las denominadas Declaraciones de Interés Comunitario de regularización. En la regulación aún vigente, solo eran objeto de este procedimiento las actividades industriales, a las que ahora se añaden las del sector servicios. “En un sistema productivo como el valenciano, fuertemente terciarizado, no tenía sentido dejar fuera de esta posibilidad de regularización a este tipo de actividades”, ha defendido Pradas. De este modo, proyectos como el polémico Puerto Mediterráneo podrían intentar su regularización.