La rentabilidad y la competitividad de la producción agroalimentaria son dos conceptos que salen a reducir cuando se habla de precios injustos. La diferencia entre lo que recibe un agricultor por su producto y lo que paga el consumidor en una superficie comercial a menudo es de vértigo y es un problema que preocupa tanto al primer como al último eslabón de la cadena agroalimentaria. Para tratar de buscar precios “dignos” para los productores, el Gobierno valenciano ha comenzado a explorar vías legales que equilibren el sector.
La Fundación del Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental (IVIFA) ha presentado un estudio técnico sobre la inclusión de las cláusulas de valor en los contratos agropecuarios y la compatibilidad de la fijación de un precio mínimo de comercialización de acuerdo con el derecho de la competencia. El estudio, presentado este martes con la participación de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, tiene el objetivo de permitir nuevos mecanismos de organización comercial para el sector agrario valenciano y poder ayudar a lograr un precio digno para los agricultores y ganaderos valencianos. “El primer eslabón de la cadena no puede quedar supeditado al resto si el resto saca beneficio. Sin primer eslabón, no hay cadena”, señalaba la consellera.
El informe se aborda en el contexto de la negociación de la Política Agraria Común en la Unión Europea y la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que se está negociando en el Congreso, y los autores consideran que abre la puerta a remodelar el contenido normativo de algunas cláusulas correctoras, “que deberán acompañarse, además, de una mejora de las inspecciones para asegurar el cumplimiento de la seguridad jurídica del productor en los contratos de compraventa, entre otros muchos aspectos a negociar”.
El Consell confirma que existe un “gran desequilibrio entre el poder de compra del comercio y distribución y una atomización del sector productivo”, según indicó el secretario autonómico Roger Llanes, además de ver con cierta preocupación cómo los fondos de inversión “cambian la forma de entender nuestra agricultura”. Para abordar ese desequilibrio y corregirlo, el Ejecutivo autonómico plantea al sector este estudio sobre las cláusulas de valor, un elemento contractual para repartir pérdidas y ganancias.
La defensa de la competencia es una rama del derecho destinada a garantizar el buen funcionamiento de los mercados contra conductas anticompetitivas, explicó Carmen Rodilla, profesora de derecho mercantil y coautora del informe que, analiza cómo introducir cláusulas específicas del reparto de valor como fórmula de distribución de las pérdidas y ganancias entre todos los agentes. Para su operatividad, expresaba la autora, es necesaria la cooperación de los empresarios agroalimentarios ya que, como señaló su Joan Ramon Peris, responsable del IVIFA, estas cláusulas son voluntarias.
La propuesta busca “reequilibrar” los eslabones de la cadena alimentaria, aprovechando exenciones de la PAC a la competencia. “En realidad, se trata de una condición comercial que genera una posible obligación adicional de pago a favor de una de las partes”, indica el documento. Como la cláusula de valor es un elemento distinto al precio de mercado, los autores del estudio proponen que sean las organizaciones interprofesionales, que fomentan el dialogo de agentes y promueven mejores prácticas, quienes las promuevan.
“Es el momento de organizarse para conseguir interprofesionales reconocidas por el Gobierno central que permitan mejorar la capacidad negociadora a través de las cláusulas de valor”, indicaba la consellera Mollà en la presentación del estudio. Ahora deberán ser los agentes del sector quienes decidan sobre su incorporación al sistema.