El Gobierno Valenciano saca pecho de una de sus medidas estrella de la legislatura. El vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciado este jueves la “mayor operación de compra” de vivienda pública de la Comunitat Valenciana. Haciendo uso del derecho de tanteo y retracto, la conselleria que dirige el representante de Podemos ha intervenido en la macroventa del Banco Sabadell al fondo buitre Cerverus. La Conselleria de Vivienda se ha quedado con un pequeño paquete de esta gran operación y ha adquirido 218 inmuebles que dedicará a vivienda social. La Generalitat de Catalunya también ha actuado como la valenciana y ha hecho servir ese derecho para aquirir inmuebles a precio de saldo.
Las 218 viviendas proceden de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del banco Sabadell -Sogeviso-, adquiridas ahora haciendo uso del derecho de tanteo que está presente en la legislación española desde 2004 y que en la Comunitat Valenciana se quiere ampliar vía un decreto que tendrá que convalidar el Parlamento Valenciano. Según ha explicado la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, “la compra se realiza en municipios donde existe una alta demanda de vivienda social, comprobándose para ello los datos procedentes de los registros de demandantes de la Conselleria”. La operación supone el rescate de 95 familias, según estima este departamento. La conselleria evaluará el estado de los inmuebles y se hará cargo de las situaciones de especial vulnerabilidad.
Según ha explicado la conselleria de Vivienda, la operación se está desarrolando en tres fases de adquisición y supone una inversión de 8.545.172,85 euros. Las viviendas se pondrán a disposición de los municipios bajo diferentes fórmulas, dando así servicio a las situaciones de emergencia habitacional y a las personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda pública. La distribución territorial de los inmuebles viene determinada por el plan del vendedor, el Banco Sabadell, y se concentra en la provincia de Valencia con 148 viviendas y 3,7 millones de euros de inversión; seguida por la provincia de Alicante, con 39 viviendas y 2,9 millones de euros de inversión y finalmente la ciudad de Castelló, donde se ha adquirido una vivienda por 89.000 euros.
Martínez Dalmau ha explicado que el detonante de la operación fue la comunicación del banco de la venta de viviendas: “En este punto fue cuando realmente nos vimos con la obligación política de impedirlo, pues no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad de comprar un paquete de viviendas tan importante que, de no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente, y que realmente en este instante cuando decidimos vamos a comprarlas”. Uno de los compromisos de su departamento es duplicar la capacidad de parque público de viviendas, en un estado pésimo tras años de dejadez, que ahora ocupa la mayor parte del presupuesto de la conselleria.
Sabadell y Cerverus cerraron la venta de 46.000 inmuebles el pasado año. El banco, según el derecho de tanteo, comunicó a las administraciones públicas que tenían seis meses para decidir si compraban parte de estas carteras. Tras estudiarlo, administraciones como la valenciana o la catalana, con gran necesidad de vivienda social, se han quedado un un pequeño número de estos inmuebles fruto de los impagos de la crisis económica.