El Gobierno valenciano forzará a los grandes tenedores de viviendas vacías a sacarlas al mercado en alquiler asequible o cederlas para uso público. La Conselleria de Vivienda, que dirige el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, de Unides Podem, llevará este viernes al pleno del Consell la medida que sancionará a los propietarios de 10 o más viviendas que permanezcan deshabitadas de forma injustificada más de un año y que crea el portal inmobiliario de la administración valenciana, una herramienta para fomentar los alquileres a precios bajos y sacar al mercado cerca de 20.000 pisos vacíos.
En el marco del plan para el fomento del alquiler, el Ejecutivo del Pacto del Botánico, la coalición de PSPV, Compromís y Unides Podem, activará en las próximas semanas los mecanismos de movilización de viviendas vacías en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada la pasada legislatura.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda ultima el decreto que desarrolla la norma, con la que hubo ciertas discrepancias con el Tribunal Constitucional. El órgano constitucional tumbó el artículo de la ley que permitía la expropiación de las viviendas vacías a grandes tenedores, por lo que el Ejecutivo debe recurrir a medidas sancionadoras y de fomento del alquiler para reducir el mapa de pisos vacíos en la autonomía y los precios en un mercado que lleva un lustro de subida consecutiva.
El decreto busca aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles para garantizar su función social -un derecho constitucional- y lo hace presionando a los grandes propietarios, bien a través de beneficios fiscales, bien a través de cargas y sanciones. El decreto define como gran tenedor a “la persona física o jurídica que desempeñe una actividad económica en el ámbito inmobiliario y disponga de más de diez viviendas en cualquier régimen o modalidad de disfrute en los términos previstos en la legislación reguladora de la función social de la vivienda”, incluyendo las que estén en sociedades bajo su control.
Obligación de informar cada seis meses
Los grandes tenedores tendrán la obligación legal de informar semestralmente de las viviendas vacías a su cargo, para que la Generalitat Valenciana las incorpore a un registro de viviendas vacías. Este registro informatizado servirá para planificar las políticas públicas y hacer seguimiento de las sanciones. Una vez la vivienda haya sido declarada deshabitada, los propietarios podrán ofrecerla a la administración para que forme parte del parque público o para incorporarla en el portal inmobiliario, la Xarxa Lloga'm, beneficiándose de exenciones fiscales. Si en el plazo de seis meses la vivienda sigue deshabitada y no forma parte de ninguno de los planes, la conselleria activará las sanciones, equivalentes al precio del alquiler.
En concreto, la sanción “será equivalente al precio mensual por metro cuadrado de un alquiler establecido para las viviendas de protección pública de régimen general, multiplicado por el número de metros cuadrados útiles de superficie de la vivienda correspondiente y por la cantidad de meses transcurridos desde el anterior pago mientras se mantenga la situación de vivienda deshabitada”. Para la declaración de viviendas deshabitadas, las compañías encargadas de los suministros tendrán la obligación de colaborar con la Generalitat cuando se les requiera información.
Para el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, la aprobación del decreto de viviendas vacías “supondrá devolver el uso social a estas viviendas, que no pueden quedar al albur de las voluntades especulativas de los grandes propietarios”. En este sentido, ha afirmado que “con la gran necesidad de oferta que existe y el precio desproporcionado que tienen los alquileres en nuestras ciudades no nos podemos permitir que estas viviendas no tenga un uso social”
En paralelo a las obligaciones de los grandes tenedores, el departamento que dirige Héctor Illueca desarrolla otras medidas para el fomento del alquiler asequible: la creación de un portal inmobiliario público, con una renta máxima fijada; las ayudas a rehabilitación de viviendas de particulares para incorporarse al parque público -con notables carencias estructurales-; la creación de una red de viviendas para emergencias y las ayudas directas a los inquilinos para que el alquiler no suponga más de un 25% de los ingresos de la unidad familiar.