El Gobierno valenciano recaba apoyos para pedir la cesión de las viviendas vacías de la Sareb

El Gobierno valenciano quiere conseguir toda la legitimidad posible para reclamar al Ejecutivo central el uso de las viviendas vacías de la Sareb. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha reunido este lunes a una decena de entidades sociales para recabar apoyos de cara a la reunión que mantendrá este miércoles con representantes del ministerio de Asuntos Económicos.

El número 3 del Consell reclama al Gobierno central la transferencia de las cerca de 8.600 viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Económica Bancaria (Sareb), conocida como el 'banco malo', tiene a la venta en la Comunitat Valenciana. El dirigente de Unides Podem en el Consell remitió a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, un escrito en el que solicitaba la cesión de los activos para cubrir las necesidades de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. En la misiva, Illueca se amparaba en el acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de enero, que aprobó el cambio de estatus de la entidad para que el Gobierno central asumiera su control accionarial.

Para el vicepresidente valenciano, la “nacionalización” de la Sareb va a suponer “un cambio cualitativo” y considera que “si se trata de una sociedad pública, las viviendas deben ser públicas”. Illueca ve la transferencia como una forma de reparar los efectos de la crisis de vivienda, derivada de la crisis de 2008, considerando que los inmuebles vacíos que posee la sociedad, creada para absorber los inmuebles de la banca rescatada en 2012 son “resultado de un gigantesco dolor social, que incluye desahucios y una gran estafa”. Así, insiste, “las viviendas que los ciudadanos y ciudadanas ya han pagado” deben pasar “a formar parte del parque público”.

Cerca de una decena de entidades sociales que enmarcan su acción en la reclamación de vivienda pública suscriben la petición del vicepresidente segundo para agilizar los procesos de emergencia habitacional. El dirigente valenciano trasladará la reclamación al secretario general del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al que también reclama la cesión del suelo urbanizable de la Sareb, con más de 6.000 solares disponibles en el País Valenciano.

En el encuentro han participado representantes de la PAH, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, CCOO, UGT-PV, Intersindical, y las entidades Sillas contra el Hambre, Iaios Flautas València y Decidim. Las entidades han suscrito una declaración en la que reclaman incorporar las viviendas al parque público dada la elevada demanda -más de 4.000 personas se han inscrito en cuatro meses en el registro público-, con las que “resolver la necesidad imperante de resolver cuanto antes la emergencia residencial a las familias, colectivos en riesgo de exclusión social y unidades de convivencia que lo necesiten”.

La declaración institucional recoge en un tercer punto la urgencia de abordar, con perspectiva global, la situación de los contratos de alquiler de las familias que actualmente residen en viviendas propiedad de la Sareb, “siempre en pro de asegurar la permanencia de las personas en su hogar con criterios objetivos, de manera negociada con representantes de afectadas y movimientos sociales presentes, y acabando con las posibles prácticas de acoso inmobiliario”. Por último, la declaración hace referencia a la necesidad de clarificar las demandas judiciales y desahucios actuales o en proceso, “con el objeto de retirarlos y compensar, en su caso, si se han incoado sin fundamento jurídico ajustado, sin respetar las recientes medidas urgentes dictadas por el gobierno o desoyendo las peticiones reiteradas de búsqueda de soluciones de las familias”.