El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha pospuesto hasta el 31 de mayo la declaración como imputado en esta causa del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, prevista para el próximo sábado, para dar tiempo a que su defensa estudie la causa.
En una providencia dictada este miércoles, Castro ha aceptado el aplazamiento de la declaración de Grau que había solicitado su abogado por considerarla justificada ante la necesidad de que se le dé traslado de la causa y un plazo para su estudio, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Grau ha sido citado a las 11 horas del sábado 31 de mayo.
El juez estima “prudente” el tiempo de dos semanas que otorga al abogado al aplazar la declaración, porque los hechos con los que supuestamente se vincula a Grau están limitados a los eventos Valencia Summit, sin que le afecte el resto de la causa.
Fundamento de la imputación
La imputación de Grau, había sido solicitada por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación popular en el caso. La Fiscalía Anticorrupción se adhirió a dicha petición.
Castro acordó ayer la imputación de Grau y su citación a declarar por estimar que “existen indicios fundados de criminalidad” en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios suscritos entre el Instituto Nóos, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar las cumbres llamadas Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.
Así, el magistrado aprecia esos indicios a partir de las declaraciones de varios testigos en esta causa los pasados 11 y 12 de abril en Valencia y de unos informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la aplicación a dicha entidad de la ley de Contratos de la Administración en el momento de los hechos.
Según el juez, existen “indicios racionales” de que en las diferentes contrataciones “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado”.
De acuerdo con el magistrado, tampoco se fiscalizó cómo de desarrollaba el convenio ni si pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos.
Castro indica que esas pautas eran “de obligada observación” ante la calificación jurídica como entidad de derecho público de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau que realizan tanto la Fiscalía como el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y por el hecho de que los fondos que manejaba eran “abrumadoramente públicos”.
El juez considera necesario que Grau sea oído como imputado en su calidad de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, presidente de la Fundación y miembro de su consejo rector en representación de la corporación municipal.