El magistrado que juzga la presunta financiación irregular del PP valenciano no ha aceptado las peticiones de los acusados al considerar que los delitos no han prescrito y que las escuchas son legales. El juez ha asegurado entre las protestas de los abogados defensores: “No hay indefensión para los acusados”. “Son ustedes extremadamente pertinaces”, ha dicho el magistrado para apuntar posteriormente: “Es la tercera vez que plantean las mismas cuestiones previas”.
Así, en cinco minutos ha despachado todas las cuestiones previas con el correspondiente enfado de las defensas, que han protestado airadamente. De este modo, ha validado las escuchas en la cárcel y los audios que aportó inicialmente el concejal del PP José Luis Peñas.
Este martes comienzan a declarar en la Audiencia Nacional los veinte acusados en un juicio que ha comenzado este lunes en Madrid. Los primeros serán los empresarios que han pactado con la Fiscalía tras confesar los pagos en 'b' y la financiación ilegal del PP valenciano.
Entre las veinte personas encausadas se encuentran los responsables de la trama, encabezados por Francisco Correa, exdirigentes del PP valenciano de Francisco Camps y nueve empresarios que confesaron, al igual que hizo Correa hace una semana, los pagos en 'b' al PPCV. Entre estos empresarios, el alicantino Enrique Ortiz.
Peticiones de las defensas
Ya en la vista, el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, ha solicitado la anulación de los audios del concejal del PP arrepentido, José Luis Peñas, que iniciaron el caso Gürtel. También ha demandado la anulación de todas las diligencias posteriores a las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón a los cabecillas de la trama en la cárcel, unas grabaciones que ya fueron anuladas en su día.
El letrado de Álvaro Pérez 'El Bigotes', por su parte, ha pedido la prescripción de todos los delitos de los que se le acusa al presunto cabecilla de la trama en Valencia al alegar que no tuvo conocimiento de estos delitos hasta el 15 de diciembre de 2014, cuando se pasó de diligencias previas a procedimiento abreviado. Según esta doctrina, estarían prescritos los delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad y delito electoral.
El abogado de Francisco Correa, que reconoció los hechos a una semana del juicio, no ha planteado ninguna cuestión previa. Precisamente, la fiscal Miriam Segura ha anunciado durante la primera sesión del juicio que rebajará su petición de pena para el cabecilla de Gürtel si éste continúa colaborando con la Justicia y se demuestra reparación del daño causado.
Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat valenciana con Francisco Camps, también ha pedido la prescripción de todos los delitos, y lo mismo ha hecho el exsecretario general del PPCV con Camps, Ricardo Costa, quien también ha pedido la prescripción de los delitos electorales y falsedad continuada.