Cada encuentro con los representantes de Hacienda provoca desde hace tres años la misma sensación en el Gobierno valenciano: aquella que da la de haber conseguido algo mejor pero quedarse sin todo lo que demandaba. La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne a los responsables autonómicos de Hacienda con el ministerio homónimo, no ha sido una excepción.
En la Generalitat Valenciana celebran que el Gobierno priorice el criterio de población ajustada para el reparto de los 13.000 millones de euros del Fondo Covid no reembolsable, una bola de oxígeno para las asfixiadas cuentas de las autonomías tras más de un año de pandemia y una década con un sistema de financiación que lastra los servicios públicos básicos. El Ejecutivo central también ha accedido a devolver a las comunidades la compensación por la reforma del IVA de diciembre de 2017, más de 3.000 millones de euros que serán incluidos en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
La parte amarga es que en el reparto no se tendrá en cuenta la distinta situación de partida de las autonomías; es decir, no se compensará la infrafinanciación autonómica, como reclamaba el conseller valenciano Vicent Soler, tras el rechazo de comunidades como la de Madrid. “Si no es dentro del fondo extraordinario Covid, el ministerio deberá buscar la fórmula necesaria para compensar la infrafinanciación de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren la discriminación del actual sistema”, ha reiterado el conseller en su intervención tras asegurar que “mientras que se aprueba la reforma del sistema, la Comunitat Valenciana no puede seguir endeudándose para ofrecer unos servicios públicos fundamentales equivalentes a los de la media española”. “No es sano ni financieramente ni justo socialmente”, ha concluido.
“El criterio de población ajustada es el más equitativo y el que permitirá reducir las diferencias y sentar las bases del reparto de cara al nuevo modelo de financiación”, ha indicado el conseller de Hacienda .“La mayor parte de los servicios que prestamos las comunidades autónomas son a las personas, en nuestro caso el 93% de los recursos se destinan a las personas, por eso se debe seguir el criterio de población ajustada, lo contrario sería alimentar desigualdades territoriales”, ha reiterado Soler en su intervención.