La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un mecanismo de canalización de denuncias ciudadanas, debate este jueves dos solicitudes del PP contra el Gobierno valenciano por desprotección a menores tutelados ante sospechas de abusos sexuales. El organismo, presidido por la exministra del PP Dolors Montserrat, recibirá a dos representantes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, la diputada Elena Bastidas y la abogada Ana María Gil, que reclaman la intervención de la Comisión para “proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos públicos de la comunidad autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las autoridades regionales y nacionales españolas al respecto”.
Pese a que la Comisión Europea ya determinó que no es competente para analizar las acusaciones, la mayoría conservadora de la Eurocámara consiguió introducir en el orden del día las denuncias del PP valenciano contra el departamento que entonces dirigía Mónica Oltra, que vincularon con la investigación judicial a su exmarido, educador en un centro de menores. “Tras las condenas al educador por abusar de una menor tutelada y conocer el informe del Síndic de Greuges, en el que se recogía también la existencia de 175 menores tutelados que podrían haber sufrido abusos sexuales y ser rechazada hasta en 3 ocasiones la creación de una comisión de investigación en las Corts es necesario llegar hasta el final en este asunto tan lamentable”, indicaba Bastidas este miércoles en una rueda de prensa, en vísperas de viajar a Bruselas para intervenir.
La denuncia que la diputada llevó a Bruselas el pasado noviembre se basa en un informe del Síndic de Greuges, que, con datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, competente en menores, detectó que entre los 4.000 menores tutelados por la Generalitat Valenciana, en 175 casos se activaron los protocolos por sospecha de abusos entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021. El informe indica que los abusos se han producido en su mayoría fuera de los centros públicos y por personas ajenas a los recursos de protección. El expediente se cerró pocos meses después al aceptar Igualdad las recomendaciones del Síndic.
En base a las dos denuncias de las populares, un abogado ha presentado una petición de investigación en el mismo organismo, basada en el conocido bulo del bar España, que ha recibido una recomendación favorable a la investigación por la comisión que preside Montserrat.
La Comisión Europea ya determinó el pasado marzo que no es el organismo competente para realizar estas investigaciones, con una comunicación por escrito a las dos denunciantes. “La regulación del funcionamiento de las agencias de protección de menores corresponde a la legislación española. Además, la Comisión no puede intervenir en casos individuales (...) Así pues, la resolución de estas cuestiones debe buscarse a nivel nacional”, indica el escrito, que recuerda que “en enero de 2019, inició un procedimiento de infracción por transposición incorrecta de la Directiva por parte de España”, en referencia a la disposiciones contra la prostitución infantil.
En caso de que las peticiones planteadas por las representantes del PP sean aceptadas, el organismo podrá solicitar a las autoridades nacionales información o aclaraciones sobre las cuestiones planteadas y pedir a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar sobre su petición e informe de si se respeta o se incumple la legislación pertinente de la Unión.
Igualdad defiende los cambios en el sistema autonómico desde 2015
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha enviado una delegación de altos cargos a Bruselas para comparecer en la Comisión de Peticiones y mantener varias reuniones de trabajo con los responsables de las políticas de menores, entre ellos el director general de la portavocía del Consell, Juan Vicente Santos. El departamento que dirige Aitana Mas ha remitido al organismo europeo más de 300 informes referidos a la gestión del departamento de infancia con las medidas llevadas a cabo desde 2015 tras el cambio de gobierno en la Comnunitat Valenciana; así como referencias de entidades como Save the Children o Cruz Roja que valoran las acciones.
Fuentes de este departamento dudan de la imparcialidad de un organismo presidido por el PP en un caso denunciado por el mismo partido y aseguran que defenderán con transparencia las actuaciones. Como figura en el informe que dio origen a la denuncia, apuntan, los casos expuestos por el grupo popular para denunciar la desprotección de los menores ya han sido investigados por la Fiscalía y fueron denunciados por la conselleria, con las consecuentes actuaciones. En su mayoría, insisten, fueron denunciados por el personal de los centros tutelados y ocurrieron fuera de este entorno.
Los responsables de la política de menores destacan el aumento presupuestario de la conselleria, que creó una dirección general específica en 2016 y ha pasado de 838 millones de euros en 2015 a los 2.199 millones de euros en 2022. En el encuentro, los dirigentes autonómicos han explicado la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia -con un marco de actuación de 2022 a 2026-, así como las acciones de prevención y fomento del buen trato de la infancia y la adolescencia llevadas a cabo en en el marco de la Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia aprobada en 2018. En este sentido, recalcan, explicará el modelo de acogimiento familiar como opción prioritaria en caso de desamparo de la persona menor, así como las mejoras realizadas en el acogimiento residencial. Además, también se han puesto sobre la mesa las mejoras en los procesos de adopción y en materia de medidas judiciales para menores.