La infrafinanciación obliga a la Comunitat Valenciana a realizar el mayor esfuerzo financiero en sanidad de todas las comunidades autónomas, lo que va en detrimento de otras políticas como la educación, la dependencia o la protección social, así como el apoyo a las actividades productivas y las inversiones.
Estas son algunas de las conclusiones recogidas en el tercer número de 'Papers de Finançament', en el que se analiza la repercusión del actual modelo sobre el sistema sanitario. Esta publicación es fruto de la colaboración de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Como indica el informe, “las comunidades de régimen común dedican un porcentaje muy importante de los recursos del sistema de financiación autonómico que disponen a la sanidad (57,6%). Puesto que los recursos del modelo de financiación constituyen la mayor fuente de ingresos de las comunidades, la mayor o menor disponibilidad de los mismos condiciona el nivel de gasto”. “Las comunidades -prosigue el documento- no gastan lo mismo, pero, de hacerlo, las que disponen de menores recursos deberían dedicar un mayor porcentaje de sus ingresos a sanidad, mientras que las que disponen de más recursos podrían alcanzar el mismo objetivo con menor esfuerzo”.
En este punto, el informe mide el esfuerzo financiero que deben realizar las diferentes autonomías para atender la sanidad. Para ello se considera el gasto promedio de las comunidades en el periodo 2009-2015 y se calcula el porcentaje de los ingresos del sistema de financiación que cada una tendría que dedicar para cubrir el mismo nivel de gasto sanitario por habitante. De este modo se evalúa el esfuerzo que cada una realiza, no en función de los diferentes niveles de gasto (ya que todas se han igualado a la media), sino a los distintos niveles de ingresos.
Así, queda en evidencia que si la Comunitat Valenciana gastara en los servicios sanitarios igual que la media, tendría que dedicar el 62,9% de sus recursos del sistema de financiación a Sanidad, lo que representa 5,3 puntos por encima de la media (57,6%).
El porcentaje de esfuerzo financiero del 62,9% en el caso de la Comunitat Valenciana “es superior al de cualquier otra comunidad debido a que su financiación es la menor de todas”. Por debajo de la valenciana se sitúan Asturias (59,8%), Cataluña (59,4%), Canarias (58,6%) y Galicia (58,1%). Las autonomías que deben hacer un menor esfuerzo financiero son La Rioja (48,8%), Cantabria (50,0%) y Extremadura (50,6%).
Las implicaciones de la insuficiencia de recursos
“Las implicaciones de la insuficiencia de recursos de la Comunitat son dos”, advierte el documento, que añade: “En primer lugar, agrava los problemas de sostenibilidad que padece el sistema público sanitario ante la presión al alza en los niveles de gasto ejercida por el crecimiento poblacional, el envejecimiento y el resto de factores mencionados. Por otro lado, debido a su mayor insuficiencia financiera, la prioridad otorgada por la sociedad y por los presupuestos públicos a los servicios sanitarios limita los recursos disponibles para otros servicios fundamentales (educación o protección social), así como para políticas de inversión y apoyo a las actividades productivas que otras comunidades realizan con mayor amplitud por disponer de mayores recursos”.
El texto resalta que, para solucionar estos problemas, el nuevo modelo de financiación “deberá reconocer la insuficiencia que padecen las comunidades de régimen común en su conjunto y corregir la inequidad en el reparto de los recursos”, al tiempo que la valoración de las necesidades sanitarias de las comunidades “debe mejorar, incorporando los colectivos ahora excluidos de la población protegida que siguen siendo atendidos por el Sistema Nacional Sanitario y que, pese a no ser considerados, influyen en los niveles de gasto sanitario de las comunidades”. “Asimismo, los esfuerzos por mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios deberán redoblarse, pues el control del gasto de unos servicios que absorben tantos recursos resulta clave para su sostenibilidad”.
A la vista de las conclusiones del informe, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha señalado que “si la valenciana es la peor financiada de todas las comunidades con el actual sistema de financiación y el gasto sanitario es al que más recursos del sistema de financiación dedicamos, es de lógica pensar que nuestra sanidad es la principal afectada por un modelo de financiación injusto y discriminatorio”.
“Un sistema de financiación autonómica, clara y objetivamente insuficiente, algo reconocido por todos los expertos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha puesto a trabajar, tiene dos agravantes. Por un lado, como la esperanza de vida es cada vez mayor, el gasto sanitario también lo es y, como esto no es un chicle que podamos seguir estirando, la sostenibilidad de nuestros servicios sanitarios corre peligro”, ha señalado.
Además, tal y como ha argumentado, “la Comunitat Valenciana está a la cola en el actual reparto, para mantener el sistema sanitario debemos hacer un esfuerzo financiero cada vez mayor y dejar de derivar recursos a otros servicios también fundamentales como es la educación de nuestros hijos e hijas, la atención a la dependencia, o las políticas de inversión y apoyo a nuestros sectores productivos”, ha explicado Mira.
“Montoro lo que tiene que hacer es coger ya este toro por los cuernos y cambiar el modelo. Compensar ya la parte de la deuda originada por este agravio y dejarnos seguir trabajando”, ha concluido la secretaria autonómica.
A 13 puntos de las comunidades que más gastan
El informe publicado explica que, dado que la estructura demográfica varía notablemente entre comunidades, el modelo de financiación utiliza como indicador de las necesidades sanitarias la denominada población protegida equivalente. Para calcularla, la población protegida por el Sistema Nacional de Salud se divide en siete grupos de edad y cada uno se pondera por un coeficiente que es mayor para los tramos de edad más vulnerables a los problemas de salud y, por ello, con mayores necesidades sanitarias, tal y como recoge el estudio.
Atendiendo a este indicador, en términos medios del periodo ya liquidado entre 2009 y 2015, las diferencias de gasto público por habitante protegido equivalente situaban a Murcia a la cabeza y a Andalucía a la cola de las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana, con un gasto de 1.293 euros per cápita, se sitúa 1,8 puntos por debajo de la media del conjunto de las comunidades y a más de 13 puntos por debajo de las que más gastan (Navarra, Cantabria y Murcia). Según advierte el informe, “las sustanciales diferencias entre comunidades en gasto sanitario per cápita, especialmente entre las de régimen común y las forales, cuestionan la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios de los ciudadanos que viven en distintos territorios”.
Mayor brecha entre comunidades
El gasto sanitario público por habitante de las comunidades autónomas aumentó en los años previos a la crisis, entre 2003 y 2009, un 37%. Sin embargo, la recesión “trajo consigo una caída en los ingresos de las comunidades y los ajustes posteriores afectaron a los servicios sanitarios”. La consecuencia de todo ello es que se “amplió la brecha entre comunidad forales y comunes, alcanzando los 24 puntos porcentuales en 2015”.
En los últimos años, el gasto público en sanidad per cápita en euros constantes de las comunidades ha recuperado la tendencia creciente y en la Comunitat ya se sitúa en el nivel previo a la crisis, el de 2008, a pesar del mayor envejecimiento de la población. Ahora bien, mientras el gasto público per cápita en sanidad entre 2009 y 2015 fue de 1.581 euros en las comunidades forales, en las de régimen común se situó en los 1.277 euros y, en la Comunitat Valenciana, en 1.253 euros.
Según el estudio, las diferencias de gasto per cápita entre las comunidades pueden deberse a factores, distintos de los demográficos, que inciden en la demanda, como el nivel de renta (cuando ésta aumenta puede canalizarse mayor demanda hacia servicios privados), preferencias de los pacientes o población desplazada, así como a otros que influyen en los costes de los servicios, como el nivel de precios, geografía de la comunidad, cartera propia de servicios, modelo de gestión público o privado. deseconomías de escala o eficiencia. “Asimismo, las diferencias también pueden deberse a la distinta restricción presupuestaria de cada comunidad como consecuencia de las asimietrías derivadas de los sistemas de financiación”, subraya.
La sostenibilidad en la reforma del modelo
El informe destaca que la evolución de la población y la estructura demográfica de un territorio son determinantes del nivel y la trayectoria del gasto en sanidad. “Una población envejecida -destaca- tiene mayores necesidades de atención sanitaria que una población joven. La población de la Comunitat Valenciana ha crecido un 11% entre 2003 y 2016 y cada vez está más envejecida, pues la población valenciana mayor de 65 años ha pasado de representar el 16,6% de la población total en 2003 al 18,5% en 2016. Dentro de este último porcentaje, casi la mitad de la población es mayor de 75 años (9%)”.
Según advierte el documento, las proyecciones de población señalan que el envejecimiento de la población va a seguir creciendo y la previsión es que, en 2030, la población de 65 años o más edad suponga el 25% del total, “con la consiguiente presión al alza sobre el gasto sanitario y la urgente necesidad de plantear soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud”.