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Isabel Bonig dice que el PP no busca la confrontación por el valenciano pero amenaza al Consell con acudir a los tribunales

La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, en rueda de prensa.

Emilio J. Salazar

Alicante —

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El Partido Popular sigue calentando motores de cara a la manifestación del próximo 18 de enero a la que se ha adherido, junto con Vox y Ciudadanos, al llamamiento de la FAPA Gabriel Miró contraria a la aplicación del decreto de plurilingüismo en Secundaria en la comarca de la Vega Baja.

La síndica popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha anunciado este miércoles en Alicante que su formación va a presentar cuando se restablezca el periodo de sesiones en las cortes valencianas una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de que se deroguen los artículos de la Ley del Plurilingüismo contrarios a la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià

En rueda de prensa, la portavoz del PP ha recordado que “la Llei d’us establecia la exención en zonas castellano hablante y este nunca había sido un obstáculo para que el aprendizaje del valenciano se introdujese paulatinamente, pero este Botànic ha roto con todo eso”.

Esta afirmación la ha realizado tras declarar que “la lengua nunca ha sido un instrumento de confrontación sino de unión. Las lenguas no se imponen, se enseña a respetarlas y amarlas”, para a continuación amenazar al Consell con “acudir a los tribunales” si no echan para atrás parte del decreto.

“El PP pone sus servicios jurídicos a disposición de la comunidad educativa para que impugnen ante el TSJ los proyectos lingüísticos de centros que sean contrarios a la ley y a derecho”, ha avanzado. “No todos tienen suficiente capacidad jurídica para recurrir, por eso ponemos a disposición de la sociedad nuestros servicios jurídicos y que puedan acudir a la vía contencioso-administrativa para garantizar la defensa de sus derechos como padres con esta ley se ven mermados y condicionados”, ha añadido.

A su juicio, no les gustaría acudir a la vía judicial, “pero la legislatura pasada fue imposible”. Por ello, ha tendido la mano a Ximo Puig antes de acudir a Almoradí para reunirse con alcaldes y portavoces del PP de la Vega Baja y con equipos directivos de centros escolares de esta comarca para proponerle un acuerdo que “implante un sistema educativo que garantice la libertad de las familias”.

A este respecto ha recordado que en febrero 2016 ya ofreció al president socialista un acuerdo en materia educativa para poner en marcha un sistema educativo plurilingüe, “alejado de la confrontación”, pero “fue imposible”. “Aun así seguimos tendiendo la mano al PSPV para que seamos capaces de alejar la política del sistema educativo”. En este intento de diálogo ha vuelto a descartar a sus socios, Compromís y Unides Podem.

“La ley del pluriligüismo aprobada en febrero de 2018 que establece un modelo único a implantar en toda la Comunitat prevé aplicar la inmersión a partir del próximo curso en secundaria, bachillerato, FP y educación para adultos”, ha dicho a continuación.

“Se obliga a dar en valenciano a alumnos hasta ahora escolarizados en castellano. No caben aplicaciones progresivas. Es un modelo a traición, sin tener en cuenta la realidad educativa y sin haber consultado con los centros y familias”, ha puntualizado.

A su juicio, el artículo 8 de dicha ley establece que solo se aprobarán los proyectos experimentales siempre que se hayan superado los objetivos previstos en la ley, “es decir que el 25% de las troncales se dé en castellano”. “Desde la Conselleria saben que no pueden aprobar los programas experimentales. Va a haber una inmersión lingüística que el TSJ ha declarado contraria a derecho. En el fondo solo quieren trasladar a la educación valenciana la misma hoja de ruta independentista que se ha hecho en Cataluña”, ha alertado.

Corts y ayuntamientos

Isabel Bonig ha anunciado la presentación de una iniciativa dirigida a Les Corts y que van a replicar a todos los ayuntamientos de las tres provincias. En la propuesta se solicita, en primer lugar, la derogación de los artículos de la ley actual de 2018 “que van en contra” de la Llei d’us como la exención en zonas castellano-hablantes. En segundo lugar, instan a Educación a que las indicaciones a los equipos directivos sobre la aplicación de la ley “se haga por escrito”, en lugar de verbalmente, como asegura que están pidiendo tanto el Conseller como el secretario autonómico de Educación.

La propuesta solicita, en tercer lugar, la realización de una consulta vinculante a los padres para poder aplicar los proyectos lingüísticos de cada centro, la evaluación de los resultados académicos y la planificación para garantizar la elección. En cuarto lugar, también propone velar porque haya una oferta suficiente en valenciano y en castellano. “Así se garantiza la oferta en las dos lenguas para que las familias sean libres y puedan demandar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos”.

Gabriel Miró

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Gabriel Miró no está por la labor de cancelar la concentración el 18 de enero cuya convocatoria llegó tras escuchar las explicaciones que ofreció el conseller Vicent Marzà en Orihuela a principios de diciembre.

Por ello sus miembros han anunciado que no acudirán a la reunión prevista para dentro de siete días con el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, del PSPV-PSOE, que tenía como finalidad explicar cómo se va a llevar a cabo la aplicación de la Ley de Plurilingüismo en una comarca que, a diferencia de otras valencianas, predomina el castellano.

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