Joan Llinares (Alzira, 1953) sostiene con vehemencia que España necesita una normativa anticorrupción que proteja a los denunciantes. Sin seguridad, la corrupción sigue mandando, apunta desde su despacho en la calle de Navellos, en València. El hombre que levantó las alfombras del IVAM y del Palau de la Música catalana, llevando a sus responsables al juzgado por desfalco en los fondos públicos, es desde 2017 director de la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo pionero en la lucha contra la corrupción que ya supera las mil investigaciones.
Lleva cuatro años al frente de la Agencia Valenciana Antifraude, una institución pionera en la lucha contra la corrupción, pero ya venía de trabajar estas estrategias en otros ámbitos ¿Cómo ha evolucionado el contexto?
En el País Valenciano se ha pretendido construir una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción, no solo por la puesta en marcha de la Agencia, sino por otras normas que desde las Corts Valencianes y el propio Consell se han ido construyendo: la ley de lobbies, la mejora de los sistemas de integridad pública con los códigos éticos, la mejora de la ley de transparencia, la creación de una conselleria específica... Todo esto en su conjunto muestra que en la Comunitat Valenciana se ha ido construyendo un marco de integridad pública, base y fundamento de la prevención y la lucha contra la corrupción en Europa.
El problema es que ese marco ya no puede ir más allá porque muchas normas para desarrollarlo son de competencia estatal. Hay una disfunción entre lo que el Estado debería estar haciendo y lo que se ha hecho en algunas comunidades autónomas. Estructuras como las nuestras nos estamos encontrando con que el Estado no hace nada. Hay una directiva europea que obliga a los Estados a proteger a los denunciantes de corrupción, que es la clave de cualquier sistema que quiera luchar contra la corrupción: o proteges a los testigos o la corrupción sigue mandando. Hay un desequilibrio entre el corrupto, que suele ser gente con poder, frente al funcionario, el ciudadano o el empresario que se ve víctima de todos estos procesos.
La directiva se aprobó hace ya tiempo...
El Parlamento Europeo dicta en 2019 la directiva y el Estado tiene dos años para trasponerla. Hay parlamentos autonómicos que han hecho sus propias leyes adelantándose a la directiva, pero el Estado, pasados los dos años, no lo ha hecho. Ello implica modificar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Protección de Datos... En todo esto, que nos impide poder avanzar, el Estado no hace absolutamente nada.
Me preocupa que haya procesos que se han iniciado con mucho esfuerzo, con una oposición burda en muchos casos, después de todo lo que hemos vivido en los territorios autonómicos, y que en Madrid no les dé la gana asumir las responsabilidades que deberían tener en la lucha contra la corrupción. Se dedican a que la corrupción es lo que el Código Penal castiga, que es lo que les viene bien, porque aparece un sistema judicial hecho para los 'robagallinas' y los señores de cuello blanco. O se tarda veinte años en juzgarlo cuando han muerto la mitad de los testigos o han tenido tiempo para someter a los testigos y salen indemnes, con sentencias de risa y sin recuperar los bienes.
¿En este ámbito de protección de alertadores, en el que la Agencia es pionera, cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo afecta, por ejemplo, en el ámbito psicológico?
La experiencia es la de necesitar auxilio psicológico para los denunciantes y para nuestra gente. El poder corrupto está ahí y ejerce con toda la brutalidad que puede. Hay funcionarios a los que se expedienta cada dos por tres por respirar, nosotros tenemos protegidas a 27 personas. Tenemos sentencias en las que un juez le dice a un ayuntamiento que está utilizando la legalidad administrativa para represaliar a una persona que les molesta, porque es un testigo de Fiscalía en varios casos de corrupción. Es una absoluta inacción por parte de quienes deberían estar protegiendo a quien tiene la valentía de dar la cara y, cuando les pasa lo que les pasa, sucede lo que indica la directiva europea: la corrupción sigue porque la gente tiene miedo a denunciar.
¿En este sentido, no hay un cruce de datos o un sistema de alertas, para los funcionarios que denuncian por la vía penal, por ejemplo, y las represalias contra ellos en la vía administrativa?
No hay un sistema donde la protección se pueda extender a que un expediente disciplinario debería paralizarse. Nosotros no tenemos potestad cuando un caso se judicializa, que suele ser por parte del funcionario para defenderse de una sanción y además tiene que pagarse los abogados. A los ayuntamientos los abogados se los pagamos todos y en base a que sale gratis se dedican al machaque. El denunciante de corrupción debería tener apoyo legal; nosotros damos asistencia y acompañamiento jurídico, pero a nivel judicial no podemos representarle. Todo esto debería incorporarse a la normativa estatal. De ahí que nosotros mantengamos la vía anónima para presentar las denuncias, porque lo primero que hará el corrupto es buscar quién le ha denunciado, tiene las vías judiciales por las que puede exigir el expediente. Se puede anonimizar para una parte, pero no para el juzgado.
Destaca, también en el caso de la Agencia catalana, que cuando se analizan los resultados anuales hay muchos casos de irregularidades a nivel municipal, un ámbito que quizá venía apartado del foco y que también afecta a dinero público malversado.
En nuestra memoria, estadísticamente, son los ayuntamientos la institución mayoritaria. También porque tenemos 542 ayuntamientos y solo tres diputaciones y una institución autonómica. En el ámbito municipal se juntan muchos factores: algunos ayuntamientos nunca han tenido fortaleza administrativa y jurídica porque son pequeños, muchas veces cautivos de las propias empresas contratistas de los servicios. Son empresas que operan sin control, que traen estudios aprobados por grandes bufetes especializados que no pasan el mínimo análisis de la Agencia por incumplimientos, por revisiones de precios... ¿Quién controla esto? Debería ser una estructura potente de los ayuntamientos, que o no existe o se la han cargado. Desde 2008 cuando se decide que el capítulo 1 sobra, se deja en manos de las empresas cuyo objetivo es tener beneficios.
¿En estos casos, es el Ayuntamiento quién pide la revisión o son funcionarios?
Suelen ser personas de dentro, vinculadas a la gestión. Alguien que ve el contrato y ante la incapacidad del Ayuntamiento de hacer el análisis, llega hasta aquí. Hemos visto prórrogas de contratos en las que se aprovecha para introducir elementos que no tienen nada que ver con el contrato originario, con un informe de la secretaría general en contra que se tapa con el informe típico del ilustre catedrático de derecho de no se qué universidad que dice lo contrario. En estas situaciones la Agencia ha intervenido y ha hecho el informe, donde se ve lo descarado de su ilustrísima. Se ha intentado desprestigiar la función pública en beneficio de los negocios privados y esto es corrupción, y de ella gana dinero muchísima gente.
Hablando de catedráticos, ¿han tenido algún expediente de la universidad?
En la memoria se puede encontrar. Nos está trayendo muchas consecuencias. La universidad está dentro de la competencia de la Agencia, aunque parece que la ley está hecha para los otros. Es una realidad que resulta incómoda para muchos: en un estanque tan plácido alguien llega y tira una piedra que a veces remueve el fondo. Hemos pasado de la gran corrupción recluida en el ámbito penal, de la Gürtel, los Blasco.. a la realidad, que en cierta manera hizo posible lo anterior. La antesala de la corrupción es dar por buenas tantísimas irregularidades.
En volumen de expedientes, los de convocatorias de empleo superan a los de contratación pública.
Son el 48% los relacionados con recursos humanos, que abarca procesos de promoción, cuestiones retributivas, incompatibilidades... Nos sorprendió porque también destaca que en denunciantes protegidos tenemos muchos policías locales. En paralelo, en casos de acceso a la función pública nos hemos encontrado con una cantidad de expedientes en los que se ha planteado la revisión de actos administrativos relacionados. Son casos que están abiertos en buena parte. ¿Y la gente que no ve en esto corrupción? Darle un empleo de por vida a una persona que no tiene los méritos ni ha hecho el esfuerzo para acceder a la función pública como mandan las leyes... Es un acto supremo de corrupción, no solo porque el dinero de todos va a alguien que no tienen ningún derecho, sino porque ignora los artículos 14, 23, y el 103 de la Constitución.
¿A qué cree que se debe este aumento?
Bueno, durante diez años ha estado paralizada la reposición de las vacantes de la crisis. Estamos en una etapa en la que buena parte de la gente que accedió a la función pública tiene que jubilarse y no va a haber transferencia de conocimiento. Hay muchas convocatorias en estos años y lo que está en juego es si estamos aplicando los sistemas de selección de funcionarios que garantizan la igualdad, la objetividad, el mérito, la capacidad y los requisitos legales. Donde hemos detectado cuantitativamente más casos es en la Policía Local. Los dos expedientes que cerramos en 2021 han acabado en los tribunales por sospechas de indicios penales. Cuando llegan ahí, nosotros paralizamos la actuación y entregamos la información. En las sentencias se reconoce que nuestro sistema penal no castiga estas conductas porque no hay tipos penales que encajen. En una oposición a la Policía Local, en Benidorm, la sentencia indica que no se puede demostrar quién filtra, aunque los hechos constaten que se filtró. Esto es una vulneración de los principios constitucionales de acceso a la función pública, no se trata de alguien a quien no le ha gustado el resultado del examen. La ciudadanía tiene derecho a tener unos funcionarios impecables, por eso hemos propuesto reformar el sistema.
¿Para las oposiciones municipales?
Hay que acelerar la escuela de administración pública, como marca la ley de función pública. En otras comunidades las oposiciones están centralizadas y se gestionan desde la escuela, que establece los cursos específicos de formación para los funcionarios que acceden a esos cuerpos.
Parece que ha tenido que llegar la casualidad de que presentaran la memoria con el escándalo del Ayuntamiento de Alicante para mover ficha.
Así lo ha dicho la Generalitat. Esperamos que lo mantengan y lo pongan en marcha. Ahora existe el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública), pero debería ser una extensión de la escuela de función pública, como rama especializada.
Hay un ayuntamiento en el que han archivado casi ochenta expedientes de denuncia. ¿Les preocupa un uso partidista de los recursos de la Agencia?
Nos preocupa que la corrupción se utilice para atacar a otros sin revisar lo que cada uno hace. Cuando la corrupción se utiliza como arma política, mal camino. Las cosas que han ocurrido aquí tienen la suficiente entidad y han producido el suficiente daño como para que hubiera un pacto de los diferentes partidos de lucha contra la corrupción, empezando por establecer en los partidos mapas de riesgo que eviten que entren corruptos.
Concretamente, en el Ayuntamiento de Valencia han archivado 80 denuncias del PP respecto a la gestión de Compromís y PSPV.
Para mí el primer problema es que quien denuncia la corrupción sin hacer una revisión de su propia historia no tiene ningún interés en luchar contra la corrupción ni buscar una Administración más íntegra. Lo único que está haciendo es política, y de la peor. Si además está utilizando instituciones, que funcionarios que deberían estar realizando sus tareas en casos concretos y reales, se dediquen a analizar casos que no llevan a ningún sitio, se lo tendría que hacer mirar. Pero nosotros no podemos impedir que se utilicen los canales de denuncia. Creo que con el tiempo se normalizará y la Agencia será un instrumento para resolver problemas y no para aprovechar su existencia para hacer política de la mala.
¿Desde 2018, cuando se crea la Agencia con tantas reticencias, hasta para dotarles de una infraestructura, cómo ve el recorrido?
No es un recorrido lineal, tiene muchos recovecos. Pero cuando se han pedido recursos se han dado. El problema de los locales en las instituciones no es solo de la Agencia, muchas instituciones están en alquiler.
En el debate de creación se habló de la agencia como un chiringuito...
Bueno, es un chiringuito que está dando buenos resultados a las instituciones. Estamos cuantificando las cantidades que las administraciones pueden recuperar. Si esta agencia costó tres millones de euros en el ejercicio 2021 y señala a un conjunto de administraciones que tienen que recuperar 23 millones de euros, que saquen las cuentas. Llevamos tres meses y ya tenemos expedientes que superan los tres millones de euros. Creo que es un chiringuito muy rentable.
A la Agencia se la atacó porque venía a lo que venía. Ni había interés en aquella época por parte de determinados personajes ni menos ahora. Estas resistencias las tienen otras agencias del territorio. Pero cuando hemos presentado nuestras necesidades a las Corts Valencianes las han aprobado. Ahí es donde se traduce si hay apoyo o no.
¿Y cómo ve la lucha contra la corrupción en el futuro próximo?
Para mi, en estos momentos, si hubiera que poner un problema en la estrategia de la lucha contra la corrupción sería la inexistencia a nivel estatal de la estrategia. El retraso en la trasposición de normas y el solemne desprecio hacia una convención como la de Naciones Unidas contra la corrupción que dice que los Estados que la suscriben deben incorporar en sus ordenamientos jurídicos delitos como el del enriquecimiento ilícito. Aquel que hubiera hecho que no se archivaran cosas con la frase de que el despilfarro no es delito. Esa ausencia de estrategia nacional, que debería empezar con un pacto de prevención y lucha, y que incorporara no utilizar la corrupción como arma política, sino como problema de todos que genera un enorme perjuicio.