El curso judicial se reanuda este mes en València con varias comparecencias judiciales del expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, los interrogantes que pesan sobre el futuro procesal de la exalcaldesa Rita Barberá, y la esperada sentencia del juicio de Fitur, que acabó hace cinco meses.
La mayoría de las seis piezas que por ahora integran el conocido como caso Imelsa, que investiga delitos electorales, de blanqueo, contrataciones irregulares de personal y el supuesto cobro de comisiones irregulares desde diversas Administraciones controladas por el PP, se encuentran en fase de toma de declaraciones.
Por ello, para las próximas semanas han sido citados decenas de procesados, entre los que se encuentran el expresidente de la Diputación y del PP provincial Alfonso Rus, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y la exconcejala de Cultura María José Alcón, entre otros.
Para mañana están citados a declarar varios investigados en una de las piezas separadas del caso Imelsa, la que investiga la supuesta adjudicación irregular del servicio de atención telefónica de la Diputación de Valencia.
Estas declaraciones continuarán el viernes con la declaración de Rus y del empresario Mariano López, la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa y exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, también investigado en la misma.
El juez ha observado indicios de los posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental en la adjudicación del servicio de atención telefónica.
Además, como cada día 14 desde hace varios meses, este miércoles también será una fecha señalada en el calendario de la actualidad judicial, puesto que se somete a revisión la conveniencia de mantener el secreto del sumario en la pieza principal de este caso, de modo que se deberá acordar una nueva prórroga o proceder a su levantamiento.
Salvo modificaciones, el 19 de septiembre deberá comparecer en el mismo juzgado el ex vicealcalde de València Alfonso Grau para responder cuestiones relacionadas con un supuesto delito electoral y de blanqueo de capitales, dentro del mismo caso.
Tres días después, el 22, será el turno de su mujer, la exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón, junto con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el empresario José Adolfo Vedri, para declarar en otra pieza separada, relacionada con las adjudicaciones presuntamente irregulares de la citada concejalía y el supuesto cobro de comisiones ilegales.
Es probable, además, que en los próximos meses se despejen las dudas sobre el futuro procesal de la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá.
A finales del pasado julio, la Fiscalía del Supremo se pronunció a favor de investigar a la exalcaldesa por blanqueo de capitales, de modo que ahora es el alto tribunal el que debe decidir sobre la apertura de esta investigación penal.
En caso favorable, se requerirá un acuerdo previo de la comisión de suplicatorios del Senado -y posteriormente del pleno- para que los indicios delictivos observados por el juez instructor del caso respecto de Barberá puedan ser objeto de una investigación.
Otro de los posibles focos informativos del otoño se centra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que debe emitir sentencia sobre el juicio concluido hace cinco meses por los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con las empresas de la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur.
Tras el juicio “de los trajes” en el que resultó exonerado el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la de Fitur fue la segunda pieza separada de la rama valenciana de Gürtel en ser juzgada.
También en la Audiencia Nacional empieza mañana una ronda de declaraciones por los préstamos concedidos por Banco de Valencia, y el primero en declarar será el expresidente de Bando de Valencia Antonio José Tirado.
Además, se espera la fijación de una nueva fecha para la celebración del juicio de uno de los casos de corrupción más escandalosos -por volumen defraudado y por la supuesta operativa de los procesados-, el caso Emarsa, que fue suspendido tras la detención en Moldavia de uno de los principales responsables para que se completase la instrucción.