El TSJCV ha dado la razón a Compromís en una sentencia en la que condena al PP por vulnerar el derecho a la información tras negarse el gobierno de Alberto Fabra a entregar la copia del acta de la reunión del Consell que, constituido como Junta General de RTVV, aceleró el cierre de Canal 9.
El 7 de noviembre de 2013 Fabra aprobó el conocido como “decretazo” que posibilitaba que el gobierno valenciano, en calidad de Junta General de RTVV, aprobara la designación de un liquidador del ente audiovisual público valenciano sin tener que pasar previamente por las corts Valencianes. Esto suponía la aceleración del cierre de Canal 9 al que se urgía por la rebelión de los trabajadores de Canal 9 que, tras el anuncio del cierre que hizo el President de la Generalitat, se convirtió en una máquina de denuncia de las políticas del PP.
Según explica la diputada de Compromís, Isaura Navarra, el entonces vecipresidente de la Generalitat, José Císcar, respondió a la petición de la coalición de la copia del acta, con un certificado realizado al efecto “en el cual no se hacía constar las cuestiones básicas que la normativa exige para una acta, al no contener ni los miembros asistentes, ni su voto, ni el contenido de los acuerdos logrados”. Por ello se recurrió al TSJ “que ahora nos da la razón”.
Compromís recuerda que esta Junta General de RTVV “fue de gran importancia porque en ella se designó un nuevo director general y nuevos consejeros y se produjo después de que este mismo día el gobierno valenciano aprobara un decreto ley para recuperar el control del ente público, una serie de decisiones tomadas para acelerar el cierre de RTVV”.
Según Navarro “el gobierno del PP en este momento había perdido el control sobre los informativos del ente público y quería detener el más rápidamente posible las emisiones en que por primera vez los periodistas de RTVV estaban informando en libertad. De este modo la actuación del gobierno del PP al cierre de RTVV se convirtió en un gran empastre”. Para Compromís “así empezó el gran lío jurídico que ahora se tiene que deshacer”.
La diputada autonómica explica que la información que dio el Consell no tenía el acta de la junta, por lo que no se podia conocer quienes fueron los asistentes del Consell, qué votó cada cual, donde se reunieron etc. “la información básica que tiene que figurar en una acta”. Según Isaura Navarro “la denegación de la información de una cosa tan sencilla como el acta de una reunión nos hizo preguntarnos qué irregularidad estaba escondiendo el gobierno del PP”.
En su sentencia el TSJ estima que en “este caso concreto no se ha dado ninguna razón que justifique la negativa a facilitar esta información, (…) por lo que tenemos que declarar la existencia de vulneración constitucional a la negativa a facilitar la documentación solicitada por el demandante, a que está obligado el órgano requerido, y en tales termas procede la estimación del recurso interpuesto”.