Justicia para el discreto condenado don José Luis

El éxito se lo beben las estrellas, pero lo construyen los secundarios. Los actores de reparto. Los Pepe Isbert y Manuel Aleixandre, en el cine; los Sergio Busquets, en el fútbol. Los José Luis Olivas, en la política. Empieza a ser hora de que se haga justicia y se reconozca el papel del ex presidente de la Generalitat (sí, lo fue) como muñidor en la penumbra de los principales escándalos que han salpicado a su hermano mayor en los negocios políticos, Eduardo Zaplana. En la quinta jornada del juicio Erial está previsto que declare Olivas, si da tiempo. Probablemente su interrogatorio se aplazará al miércoles. Porque antes que él están llamados a comparecer el ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, Juanfran; Mitsouko Henríquez, secretaria de la estrella de esta causa judicial, y los hermanos Vicente y José Cotino. A última hora se ha programado la declaración, para arrancar la jornada del martes, de Francisco Pérez, el Gasofa.

El fiscal Pablo Ponce pide seis años de prisión para Olivas. Hasta en eso se le discrimina. Poca cosa si se compara con los 19 que reclama para Zaplana o los 14 para el propio Juanfran o para los Cotino, u 8, para el testaferro Joaquín Barceló, Pachano, o para el contable, Francisco Grau.

A Olivas se le acusa de haber cobrado una mordida de la empresa de la familia Cotino Asedes Capital, por favorecerles con la concesión del Plan Eólico Valenciano. Una adjudicación de la etapa en la que Olivas fue presidente (de julio de 2002 a junio de 2003), tras la huida de Zaplana a Madrid para ser ministro con Aznar. Asedes era propietaria del 25% de Proyectos Eólicos Valencianos, beneficiaria de esa concesión. La comisión ilegal se disfrazó como “servicios de asesoramiento” para la venta de esa participación de Asedes a un tercero. Fueron 580.000 euros facturados a través de la consultora Imarol, propiedad de Olivas y de su esposa, Mercedes Álvarez. Lo más curioso del asunto es que Olivas fue condenado en 2017 a año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros precisamente por falsificar esa factura pagada por Vicente Cotino. El empresario también fue condenado. Ya lo había sido en Gürtel, por delito electoral y falsedad documental en las aportaciones a la campaña del PP. Conmutó los 15 meses de prisión por una multa de 109.500 euros.

El ex presidente Olivas fue incapaz de justificar esa facturación, pese a que presentó un informe de aliño y de última hora, de tres páginas, pero sin ningún contrato de prestación de servicios que sustentara el cobro de ese más de medio millón de euros. El fiscal de Erial considera que ese dinero se abonó como pago de favores por la citada adjudicación pública.

Sí, José Luis Olivas, reclama un capítulo en letras de oro en la historia de la corrupción valenciana. Merece un respeto. Como mínimo, el que le profesan en ese local de moda de su querida Xàbia en el que siempre ha sido, es y será “don José Luis”.

Zaplana no solamente lo eligió para guardarle la silla a Francisco Camps en el año de legislatura que quedaba hasta las elecciones de 2003. Fue, también, el encargado de gestionar los últimos pedidos y cobros de la multinacional del chanchullo que siempre ha sido Eduardo Zaplana.

Don José Luis nunca le ha hecho un feo. Provenía de la cantera de Rita Barberá (la secundó en la lista municipal de 1991) y se convirtió en el primer Conseller de Economía y Hacienda con Zaplana. Desde esa atalaya tuneó el proyecto socialista que se quedó en el cajón en 1995 y lo convirtió en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, para la que ideó hasta un “chorrito”, una fuente que acabó borrada del plano. Don José Luis controló el movimiento de tierras, camiones y demás intendencia en el complejo de Cacsa y estuvo en las cocinas del Pacto del Pollo, el acuerdo de gobierno con Unión Valenciana. También en la solución favorable para Zaplana del caso Sanz, y hasta en la elaboración del contrato del IVEX con Julio Iglesias. Como excelente ayudante de cocina que ha sido el perejil de todas las salsas, el jefe Zaplana le encargó la misión de ligar a la CAM y a Bancaja, pero aquella Corporación Financiera naufragó.

En agradecimiento a tanto y tan desinteresado servicio, Zaplana lo premió con la presidencia de Bancaja y del Banco de Valencia. Desde ese puesto contribuyó al hundimiento del sistema financiero valenciano. Entre otras facturas judiciales pendientes está su presunta responsabilidad en el desfalco de 750 millones de euros de las dos citadas entidades bancarias por los préstamos laxos a los promotores Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó para el proyecto inmobiliario Grand Coral en el Caribe mejicano. Estos empresarios, curiosamente de Benidorm, dieron un pelotazo de 250 millones entre 2005 y 2009. Olivas y otros directivos de Bancaja y Banco de Valencia, como Domingo Parra o Aurelio Izquierdo, están pendientes de ese juicio.