La Conselleria de Justicia va a ejecutar un plan de choque para agilizar la tramitación de las denuncias por incumplimientos de las medidas de prevención contra la Covid-19. Según informa el departamento que dirige Gabriel Bravo, durante el mes de diciembre se ha producido un “crecimiento exponencial” del número de denuncias y en estos momentos hay alrededor de 70.000 sanciones que han de ser tramitadas por la Generalitat. De ellas, 35.000 corresponden a la provincia de Valencia; alrededor de 25.000 a la de Alicante y unas 10.000 a la provincia de Castellón.
El volumen de denuncias ha de ser tramitado por el Servicio de Espectáculos Públicos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Este servicio estaba, hasta ahora, dimensionado para tramitar las posibles sanciones referidas a su ámbito de competencia (fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo o espectáculos taurinos, entre otros), indica el Ejecutivo autonómico, acostumbrado a tramitar entre 250 y 300 procedimientos sancionadores cada año antes de la irrupción del Covid. Por ello, la Conselleria de Justicia ha puesto en marcha un plan de choque que contempla más personal y más recursos tecnológicos para acelerar la tramitación de estas denuncias.
Desde la entrada en vigor del decreto del régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención frente al Covid-19 el pasado 25 de julio se han iniciado un total de 3.003 expedientes sancionadores, de los cuales, 972 corresponden a la provincia de Alicante, 1.309 a la de Castellón y 478 a la de Valencia. De estos 3.003 expedientes se han finalizado un total de 491 y, de estos, se han cobrado 454 (95 en la provincia de Alicante, 266 en la de Castellón y 73 en la de Valencia).
La totalidad de las infracciones graves y muy graves (61) ya han sido tramitadas pues las denuncias impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen esta consideración son consideradas prioritarias y su tramitación es más rápida. Sin embargo, son las provocadas por incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma las que suponen el mayor volumen de expedientes.