El arquitecto valenciano Santiago Calatrava está citado a declarar como imputado este martes en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón por las presuntas irregularidades en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, una actuación que no llegó a ejecutarse pero por el que se pagaron 2,7 millones de euros de fondos públicos. Sin embargo, el juzgado no ha podido notificar la citación ni a Calatrava ni al representante del grupo en España, Nicolás Figueres.
No obstante, según informa Europa Press, pese a las “negativas” de ambas citaciones, que no han podido ser entregadas, el juzgado ha decidido mantener la comparecencia para este martes por si el arquitecto valenciano o Figueres decidieran presentarse al haber tenido conocimiento del trámite por otra vía. Si finalmente no acudieran, el juzgado activaría otros mecanismos para hacer efectiva la citación.
“Llamativo” que no se le localice
A juicio del diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, es “verdaderamente llamativo que Santiago Calatrava, que tiene el título de embajador la marca España, no esté localizable por la justicia española para que preste declaración como imputado”, e insisten en que hay que recordar “cuán presto acudía a las fotografías con Carlos Fabra, con Francisco Camps, con Eduardo Zaplana, y con todos los líderes del Partido Popular que le firmaron contratos con dinero público y le admitían sobrecostes absolutamente indignantes”.
Antecedentes
El pasado mes de julio se hacía pública la investigación al arquitecto valenciano y algunos altos cargos de la Generalitat -entre ellos el cesado Eusebio Monzó, exnúmero dos de Hacienda y exresponsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana- por el proyecto, incluido en el PAI Mestrets, que nunca se ejecutó. Esto provocó una denuncia de Esquerra Unida ante Fiscalía en 2011.
Precisamente, Ignacio Blanco confirmaba este lunes que mantienen su personación como acusación popular para “defender el interés general. Estaremos para interrogar a Calatrava, para contribuir a que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos y para exigir que se depuren las responsabilidades políticas correspondientes en el ámbito parlamentario”.