El bipartito de PP y Vox declara la guerra al valenciano. En la escuela, en las oposiciones, en la gramática y en la cultura. En las últimas semanas los dirigentes del Ejecutivo autonómico han puesto en el punto de mira la Acadèmia Valenciana de la Llengua, organismo estatutario y autoridad lingüística, y la normativa autonómica de uso y enseñanza de la lengua.
Semanas después de que el conseller de Educación saliera al rescate de los dirigentes de Vox y considerara que la academia no tiene “la verdad absoluta” y que cada persona puede hablar como considere, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se reunió con la presidenta de la Acadèmia. Mazón reclamó a Verònica Cantó “revalencianizar” los criterios lingüísticos de la institución y acercarla a los ciudadanos.
Ese acercamiento, sin concretar, venía de la mano de la propuesta de “iniciar un proceso de sensibilidad y coordinación conjunta” con la Conselleria de Educación. Antes del encuentro, el presidente afirmó: “No puede ser que haya valencianohablantes que se sientan al margen de la normativa, lo hablen o no” y abogó por trabajar para acabar con esa sensación de “exclusión”.
El señalamiento al organismo ha venido en paralelo a los planes de la Conselleria de Educación para modificar la enseñanza en valenciano y la modificación de los criterios lingüísticos de la Generalitat, el lenguaje en el que se expresa la Administración Pública. El departamento que dirige José Antonio Rovira trabaja en un nuevo protocolo, que revisará el uso de pronombres, adverbios o demostrativos oficiales, mientras que en la ley de acompañamiento a los presupuestos ya suprime las horas mínimas de valenciano obligatorias en las zonas castellanohablantes y la oficina de derechos lingüísticos. En su primera comparecencia en las Corts Valencianes, Rovira consideró un “sinsentido” que la norma actual prevea que un alumno de una zona castellanohablante esté exento de examinarse en valenciano pero se vea obligado a recibir una materia troncal en valenciano. A su vez, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado que en la próxima oferta pública de empleo se rebajará la puntuación del valenciano como mérito.
Las embestidas coinciden con el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, al que PP y Vox se oponen. El presidente de la Generalitat exigió que se incluyera el valenciano entre las lenguas alentando el conflicto -la presidenta del Congreso señaló que lo haría el catalán-, mientras que el expresidente socialista Ximo Puig pactó la doble denominación valenciano-catalán con los representantes del Parlamento estatal.
El líder del PP valenciano enmarca el debate lingüístico estatal en una cesión al independentismo y, por tanto, una amenaza a la unidad de la nación. Del mismo modo lo entienden sus socios de extrema derecha en el Ejecutivo autonómico, que van más allá, hablando de un “pancatalanismo supremacista” en la Comunitat Valenciana, que no forma parte del programa de ningún grupo político relevante. El vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera, se estrenó en las Corts Valencianes afirmando que no saldría un euro de dinero público para “grupos o entidades que busquen conspirar contra nuestra cultura común española o contra la singularidad de la cultura valenciana”. Sin llegar a definir ese “pancatalanismo cultural”, dejó clara su intención de combatirlo.
Mientras tanto, en València, el consistorio dirigido por el PP con el apoyo de Vox impulsa una iniciativa para la denominación bilingüe de la ciudad, que incluye una nomenclatura contraria a la norma. La alcaldesa, Maria José Catalá, defiende que la ciudad se pronuncia con acento cerrado. La idea de cambiar el acento de abierto a cerrado ha agitado el debate municipal esta semana y cuenta con el rechazo de la Acadèmia.
Tanto en el consistorio como en las Corts Valencianes los grupos de PSPV y Compromís se han opuesto a esta batería de medidas que, a su criterio, arrinconan el valenciano y son una falta de respeto a la lengua y sus hablantes.