La ley de bienestar animal valenciana prevé sanciones de hasta 45.000 euros por maltrato, sin contar festejos taurinos ni los accidentes de perros de caza

Laura Martínez

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El Parlamento valenciano aprueba este jueves la Ley de Bienestar Animal, una norma que actualiza el texto de 1994 y establece un amplio régimen de obligaciones para los responsables de los animales de compañía. Los animales tienen consideración de seres sintientes y, por tanto, sus propietarios tienen la obligación de tratarlos como seres “con capacidad para tener experiencias como dolor y placer”. El sacrificio cero es el objetivo final del texto autonómico, que prima la adopción, hace obligatoria la identificación y registro de los animales domésticos, y acota la cría y venta queda a los profesionales autorizados.

La bronca estatal ha empañado el debate autonómico, impidiendo una votación por unanimidad pese a las aportaciones y la negociación con el PP y Ciudadanos. Según la exposición de voto manifestada este miércoles, solo apoyarán la norma PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, que llevan meses negociando artículo a artículo la norma. “Ni es una ley anti-caza, ni es una ley contra el mundo rural. Regula la relación entre los animales de compañía y los humanos; entendiendo que los perros de caza son animales de compañía”, ha manifestado Beatriu Gascó, diputada de Unides Podem, en el debate, donde ha afirmado que “la federación de caza ha hecho presión hasta el último momento”, algo que han reconocido Compromís y el PSPV. Los perros de caza son considerados animales de compañía, pero las lesiones que puedan sufrir quedarán fuera de la definición en el caso de maltrato.

Con el texto legal valenciano se prohíben ciertas actividades deportivas por crueldad y los espectáculos circenses itinerantes con animales. La ley no se aplica a festejos taurinos autorizados, fauna silvestre ni animales de producción agrícola o cinegética, ni los que se emplean con fines experimentales, que tienen regulación propia. Sobre el maltrato animal, queda definido de la siguiente forma: “Conducta por la cual, por cualquier medio o procedimiento, se ejerce una acción u omisión o comportamiento violento sobre un animal que provoque lesiones que menoscaben gravemente su salud, excepto las posibles lesiones que pudieran sufrir los animales de compañía que hacen tareas o actividades específicas en el ejercicio de sus funciones específicas, o que lo someten a explotación sexual, o abandono en condiciones en las cuales pueda peligrar su vida o integridad”. Será objeto de las sanciones de mayor gravedad.

La ley establece un amplio régimen de prohibiciones y sus correspondientes sanciones. Queda prohibido el sacrificio de animales (salvo en los supuestos previstos), el maltrato, abandono, mutilación, mantener a los animales de compañía atados permanentemente, no proporcionarles alimento o agua suficiente, suministrarles drogas o medicamentos sin supervisión veterinaria, cría y comercialización sin licencia, dejar a los animales en vehículos sin supervisión, prepararlos para peleas, usar los espacios públicos para el adiestramiento, usar collares de estrangulamiento, tenencia y cría de animales salvajes o que no se adapten a la convivencia humana, explotación que implique un abuso fisiológico, venta entre particulares o venta ambulante, así como la incitación al maltrato. Respecto a las multas, en los casos leves -no identificar al animal, no atenderlo correctamente, no retirar los excrementos, van de los 100 a los 3.000 euros; las muy graves -sacrificio, maltrato, explotación-, de 9.001 a 45.000 euros, que pueden acarrear el decomiso del animal.

Los animales de compañía están sujetos a identificación y deben ser dados de alta en un registro, con los datos de la persona responsable legal. En cuanto a la esterilización, se obliga a esterilizar los animales de la especie canina que no estén controlados, los animales abandonados o errantes provenientes de centros de acogida y las colonias felinas. Se regulan los centros de cría y venta de animales de compañía, la obligación de certificar su salud y de venderlos identificados; también se regulan las casas de acogida y las colonias felinas. Sobre estas últimas, se establece una “gestión integral ética de las colonias felinas”, que será responsabilidad de los ayuntamientos, que podrán aplicar una tasa por tenencia de animales, para sufragar los gastos asociados a la norma. También se abre la vía para regular cuántos animales puede haber en un domicilio, siempre teniendo en cuenta sus características. Desde la entrada en vigor de la ley, los propietarios tendrán seis meses para tramitar los permisos oportunos e inscribir a los animales en un registro de carácter supramunicipal.

Compromís y Unides Podem mantienen hasta el final del debate una enmienda para eliminar el tiro al pichón, una modalidad de caza en la que se lanza el animal vivo, a mano o en un cañón mecánico, y se abate al vuelo. Los partidos negocian con el PSPV para que se sume a esta enmienda y conseguir su aprobación.

Vox amenaza con recurrir al Constitucional la norma porque considera que entra en contradicción. “Ponemos a disposición de la federación de caza a nuestros 52 diputados”, indica el grupo de extrema derecha. “Los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones”, argumentan.