La ley de Costas que prepara la Generalitat Valenciana de PP y Vox encubre la desprotección del litoral

El Gobierno valenciano inicia los trabajos para elaborar una ley de Costas que compromete la protección legal del litoral. La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, anunció el pasado viernes la creación de un grupo de trabajo para la ley de Costas, que incluye entre sus pretensiones una revisión del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), el modelo legislativo que aprobó el Pacto del Botánico para la protección del territorio. Según Pradas, habría que revisar individualmente cada proyecto para decidir sobre él.

La norma, impulsada por los socialistas en 2018, frenaba la construcción masiva de viviendas en zonas que pasaban a tener la consideración de protegidas, en algunos casos los últimos kilómetros de costa virgen de los municipios. El plan incluía una moratoria de cinco años para los proyectos que estuvieran en marcha, que venció dos semanas antes de las elecciones, dejando en suspensión la construcción de entre 13.000 y 18.000 viviendas en la costa valenciana. Esta revisión afecta a los proyectos Torreblanca Golf, Sant Gregori Golf, playa del Puig, Vega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela.

La consellera de Medio Ambiente anunció en su primer discurso en las Corts Valencianes que se “redefinirá el Pativel, un plan que se aprobó de espaldas a una buena parte de la sociedad”, una revisión “que hará compatible la protección medioambiental y la sostenibilidad con la llegada de inversiones a la Comunitat Valenciana”. Pradas, sin embargo, no aclaró en qué situación quedan todos estos desarrollos urbanos que estaban paralizados por diversos motivos y que, de no cumplir los requisitos del Pativel, pasarían a ser suelo protegido no urbanizable, perdiendo los promotores los derechos urbanísticos. En el pasado pleno del Consell la titular de Medio Ambiente e Infraestructuras, que caminan de la mano en esta legislatura, insistió en la compatibilización de la sostenibilidad con el desarrollo económico.

A la complejidad administrativa –modificar un plan en vigor con una ley posterior– se suma la cuestión competencial. Hace tres semanas el Tribunal Constitucional suspendió una modificación de la ley de Costas gallega, que a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos rebajaba el castigo a las infracciones. El órgano constitucional tiene pendiente abordar otro recurso sobre la misma materia, el presentado por el Gobierno contra la Lei do Litoral de Galicia, porque entiende que la Xunta hace suyas competencias que no le corresponden. Este último debate aún no ha sido abordado por el TC y será crucial para la elaboración de la ley valenciana, aunque la consellera Pradas insiste en que la capacidad legislativa sobre el litoral está amparada en el Estatuto valenciano.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes y exconsellera de Territorio, María José Salvador, recordó el precedente gallego y apuntó que la propuesta del PP valenciano “invade competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional”. La socialista insta al Consell a “explicar con pelos y señales cuál es su objetivo real con esta nueva legislación” y muestra su preocupación por el futuro de la norma. Además, Salvador lamenta que “la derecha vuelva a su modelo de urbanismo salvaje, del que parece que no han aprendido nada” y ha subrayado que “el PATIVEL, avalado por el Tribunal Supremo, permite la protección del último tramo del litoral después de año sufriendo ese urbanismo salvaje del PP”.

Los letrados dicen que la revisión es municipal

Antes de las elecciones del pasado 28 de mayo, la Consellería de Política Territorial, entonces en manos de Rebeca Torró, solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat que aclarara la hoja de ruta a seguir a nivel jurídico para proceder en cada caso. Según el órgano jurídico del Gobierno valenciano, al ser los ayuntamientos los que han tramitado y aprobado los PAI, les corresponde a ellos analizar las circunstancias concretas de cada proyecto y determinar si se ha producido o no alguna paralización del procedimiento y, en este caso, si es por causas imputables a la administración y sus concesionarios, ya que son ellos quienes han tramitado el PAI y disponen de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse.