La ley de PP y Vox sobre À Punt carece de consenso y no garantiza un mínimo de inversión ni de producciones valencianas

Además de los informes elaborados por el Consell Valencià de Cultura (CVC) sobre las llamadas leyes de 'concordia' y 'libertad' educativa del Partido Popular y Vox, documentos muy críticos con estos textos normativos de las formaciones que respaldan el Consell de Carlos Mazón, la entidad estatutaria también ha elaborado un documento para valorar la proposición de ley sobre la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana a petición de José Ignacio Pastor, presidente de honor de la Asociación Ciudadana y Comunicación (Acicom). Esta norma se encuentra, al igual que las dos anteriores, en tramitación parlamentaria.

Tras analizar la proposición de ley y las diferentes comparecencias parlamentarias, el Consell Valencià de Cultura relata las diferencias entre ambos textos: la “primera y más importante novedad” que presenta la norma redactada por PP y Vox con respecto a la anterior ley del Botànic, aún en vigor, es la fusión de las Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Sociedad Anónima de Médios de Comunicación (SAMC) en una única entidad, la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA (CACVSA). Se constituirá como una sociedad anónima pública de la Generalitat integrada en el sector público instrumental autonómico que dependerá de Presidencia de la Generalitat y será regida por un consejo de administración y un director general. 

De sus órganos de dirección, alertan, desaparecen los miembros procedentes de entidades no políticas, incluidos los representantes de los trabajadores, así como el Consejo de la Ciudadanía. Así mismo, se elimina el 35% mínimo del tiempo de emisión anual ahora destinado a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia, así como la barrera del 20% de tope para una empresa por el coste total contratado para proyectos de producción externa o propia externalizada. 

Advierten que desaparece la financiación mínima de entre el 0,3 y el 0,6% en los presupuestos de la Generalitat y la mención del valenciano como lengua vehicular, de forma que no se garantiza el uso y protección de la lengua. El control y seguimiento no económico de la nueva corporación queda reducido al ejercido por una comisión parlamentaria. Para la nueva ley se propone la creación de una red autonómica de sinergia audiovisual y de una plataforma audiovisual valenciana.

La ley “adolece de concreción y consenso”

La nueva ley que pretende reformar la regulación del sector audiovisual valenciano “no ha nacido del gobierno autonómico, sino del seno de dos grupos parlamentarios, cuyos once responsables han decidido presentar su propuesta con solicitud de trámite de urgencia por les Corts Valencianes”. “Probablemente debido a esta premura”, sostiene el CVC, el texto legislativo “adolece de concreción y de consenso”. “Defectos que con seguridad se habrían solventado si la tramitación hubiera seguido los canales propios de un proyecto de ley”, explican.

En su opinión, una reforma legislativa de un asunto “tan importante” para el conjunto de la ciudadanía “no debería llevarse a cabo de manera precipitada y sin participación social”, ya que la “falta de concreción” en la proposición de ley “es especialmente llamativa en lo relativo a temas tan importantes como la implantación de una plataforma audiovisual, cuya regulación, coste y espacio se desconocen, la garantía de una inversión mínima en los presupuestos de la Generalitat o el proceso de consolidación de la plantilla actual”.

Participación de los trabajadores

En cuanto a la falta de consenso, consideran que resulta evidente que debe asegurarse la participación de los trabajadores en los órganos que regirán la nueva corporación, así como la de profesionales y representantes sociales que puedan colaborar en el asesoramiento de programación y contenidos. Ante una “improbable modificación” de la tramitación legislativa que “pudiera convertir la actual proposición de ley en un proyecto más sosegado y participativo”, desde el Consell Valencià de Cultura hacen una serie de recomendaciones 

Desde el CVC consideran “imprescindible” asegurar la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de la nueva corporación audiovisual, así como también creen que es necesaria la continuación de un órgano asesor con participación ciudadana, cuyos miembros sean elegidos por profesionales y entidades culturales. En cuanto al consejo de administración de CACVSA, consideran que debería ser refrendado por las Corts por una mayoría de dos tercios.

La nueva legislación, apuntan que debería garantizar la independencia de los informativos “mediante recursos internos, profesionales e imparciales”, además de garantizar un proceso de consolidación de la actual plantilla mediante un modelo “concreto y justo”; también son partidarios de que la norma garantice el trabajo de los actores y de las actrices valencianos, tanto de interpretación como de doblaje, así como del resto de profesionales del sector, “para lo cual es necesario una apuesta económica decidida por parte de la Administración”.

Garantizar un “mínimo” de inversión de la Generalitat

El Consell Valencià de Cultura insiste en que debe garantizarse un mínimo de inversión por parte la Generalitat en el ente público del 0,45% del presupuesto, “contemplando esta asignación como una inversión necesaria para el desarrollo del sector en la línea de lo que hacen las comunidades autónomas más desarrolladas en este campo”. Esta asignación debería considerarse “un punto de partida para llegar en un futuro a un 0,6% del presupuesto”.

En la línea de lo expresado en un anterior informe del CVC sobre la 'Ficción en el Audiovisual', la televisión pública “debería hacer efectiva la inversión del 6% de sus ingresos en el audiovisual, atendiendo a un criterio amplio, tal y como se recoge en la Ley Estatal 7/2010”.

De igual modo, se recomienda recuperar el 35% mínimo del tiempo de emisión anual destinado a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia, así como sostienen que se debería contemplar un límite de contratación del 20% del total de la producción externalizada con una misma empresa: “Dicho límite no debe ser superado en ningún caso”.

La ley debe contemplar “con claridad” que el valenciano, “en tanto que un idioma con un grado menor de proyección comunicativa”, debe ser la lengua vehicular de la radio y la televisión públicas.

Y apuntan que sería conveniente introducir en la ley una ampliación y avance regulativo sobre la red autonómica de sinergia y la plataforma audiovisual que pretenden implantarse, “dada la importancia de esta herramienta para crear nuevas audiencias y garantizar la eficiencia del servicio”: dicha concreción “debe abarcar desde los contenidos para niños y jóvenes hasta las nuevas herramientas como podcasts, presencia en redes sociales, etcétera”. “Creemos importante que se recoja en la nueva ley la decisión de impulsar programas de incubación que contribuyan a la creación de nuevos formatos”, concluye el informe del Consell Valencià de Cultura.