Libertad con cargos para Felipe Espinosa y Enrique Simó, los dos últimos directores generales de Vaersa detenidos este miércoles por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) después de que la titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia les haya tomado declaración en calidad de imputados.
La juez ha acordado libertado provisional para ambos, que deberán comparecer periódicamente ante el juzgago y a quienes se les ha retirado el pasaporte tras abrirse una causa abierta y declarada secreta por un supuesto delito de malversación de fondos.
Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias de la Confederación General de Trabajadores (CGT) ante la Fiscalía Anticourrupción, la última de ellas por la adquisición de 65 vehículos todoterreno por 1,4 millones de euros en 2010. Las otras dos denuncias sindicales se referían al pago de productividad a directivos de la empresa pública, así como el abono de 1,8 millones de euros a un abogado supuestamente contratado “a dedo”.
Vaersa también fue objeto de una sentencia del TSJCV sobre la realización de estudios de impacto ambiental que excedía de las funciones de la empresa. Estas labores suponen “de facto el ejercicio de las potestades administrativas en materia de control y decisión sobre la adecuación medioambiental de los proyectos que le son sometidos a informe”.
“Inocencia” de los imputados
La consellera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha apuntado que confía en la “inocencia” de Espinosa y Simó, al tiempo que destacaba el respeto “total y absoluto” de la Generalitat a los procesos judiciales y añadía que “se han tomado medidas para acabar con esta situación”.
Dimisión de consellers y comisión de investigación
Desde la oposición, exigían la puesta en marcha de una comisión de investigación en Les Corts sobre lo sucedido en Vaersa, mientras que Esquerra Unida reclamaban la dimisión de todos los consellers que han sido responsables de Medio Ambiente en el periodo en que se han producido irregularidades en la empresa pública.