El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha denunciado al presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, por autorizar la compra de Valmor Sports -empresa que se encargaba de gestionar la Fórmula 1 en Valencia- por un euro cuando tenía una deuda aproximada de 50 millones de euros, y ha solicitado que se le impute.
Así consta en la denuncia que ha presentado Manos Limpias ante el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con fecha de entrada 23 de enero, paralelamente a la querella que ya interpuso en diciembre el ministerio público contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera, exsecretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presunta malversación, prevaricación y delito societario por la compra de Valmor.
En su escrito de diciembre, el fiscal Anticorrupción se querellaba contra Camps, Johnson y Aspar, y no incluía a Alberto Fabra -todavía no hay pronunciamiento sobre la competencia de la querella y su posible admisión a trámite-. Sin embargo, Manos Limpias estima que el actual jefe del Consell también debe figurar en la causa, puesto que fue quien firmó y autorizó el proyecto y la orden de pago, previas reuniones con el empresario Fernando Roig, socio de la mercantil.
Tal y como recoge el colectivo en su denuncia, la compra de Valmor se aprobó en un pleno del Consell del día 9 de diciembre de 2011, con Fabra como presidente de la Generalitat. En ese momento, la mercantil, creada para organizar la celebración de la F-1 en Valencia, tenía una deuda aproximada de 50 millones de euros.
Eludir el control de la legalidad
Este asunto de la compra -agrega- se llevó fuera del orden del día del pleno, “lo que denota que se actuó, por parte de Presidencia y, en su conjunto, del pleno del Consell, con el firme propósito de eludir los controles de legalidad que pudieran frenar u obstaculizar la aprobación del asunto”.
En concreto, Manos Limpias se refiere a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios; el Informe Jurídico de la Abogacía de la Generalitat; el Informe de la Intervención General; y el Informe de justificación y necesidad de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura y Deporte, entre otros.
El colectivo entiende así que si el asunto fue aprobado fuera del orden del día, “contó con la autorización expresa o, en su defecto, tácita, de Presidencia de la Generalitat, máximo garante de la legalidad de todos los asuntos tramitados y, finalmente, aprobados por el pleno del Consell, al disponer de los servicios jurídicos de la Abogacía de la Generalitat”. Si bien en este caso, “de manera unilateral y potestativa, fue decisión política de alta instancia el prescindir de su necesidad e idoneidad”.
Por ello, “resulta evidente” -añade Manos Limpias- la “responsabilidad jurídico penal” que esta actuación conlleva al rescatar con dinero público la mercantil Valmor, “eludiendo todos los requisitos legales imprescindibles para articular una operación de compra de una mercantil privada en grandes pérdidas con dinero público”, dejando a instancia de terceros “interesados”, el velar por los intereses generales.
Esto constituye “el mayor de los desprecios hacia la legalidad vigente, dejando en total indefensión los intereses de la administración”, mantiene, y estima que los hechos pueden ser constitutivos de delito de malversación y societario.
Requisitos de legalidad
Por todo, Manos Limpias pide que se llame a declarar como imputado a Fabra, “en aras de vislumbrar si por parte de Presidencia de la Generalitat se han vulnerado los requisitos de legalidad que se exigen para aprobar los asuntos del pleno del Consell, con el firme propósito de eludir el cumplimiento de la ley”.
Junto a ello, también reclama que se cite como testigos a Alida Mas, subsecretaria de la Conselleria de Educación y Deportes en diciembre de 2011; a Isabel Villalonga, entonces abogada general de la Generalitat; a Emilio Torrejón, director general de la Abogacia; Salvador Hernandiz, interventor general de la Generalitat; José Miguel Escrich, secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos; Paula Sánchez de León, en ese momento vicepresidenta de la Generalitat; y Fernando Roig, empresario. Todos ellos ocupaban el mencionado cargo el 9 de diciembre de 2011.
El fiscal centró su querella en Camps al entender que negoció “directamente” con el magnate de la F-1 Bernie Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Consell prestaba el aval a la empresa.