Marcos Benavent, el centro de la trama supuestamente urdida en el corazón del PP valenciano para lucrarse con mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, implica en el caso Taula al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y gran parte de la cúpula del partido.
Según algunas de las grabaciones en poder de la Guardia Civil, y de sus declaraciones ante los investigadores del cuerpo, Benavent inculpa a Camps, a dos de sus exvicepresidentes -Gerardo Camps, ahora diputado en el Congreso, y Víctor Campos, condenado por el caso de los trajes-, y a Alejandro Font de Mora, exconseller de Educación y ahora miembro de la mesa de las Corts Valencianes.
Alfonso Rus, el único de todos ellos imputado por el caso Taula, también habría formado parte de la trama delictiva. Así lo adelanta Las Provincias tras el levantamiento del secreto que pesaba sobre la pieza principal del caso. El sumario también apunta la existencia de cajas B en el PP -hasta cinco- y desliza que el expresidente de la Generalitat, según El Mundo, era quién trataba de este asunto con el PP estatal. También señala que el sucesor de Rus en la presidencia del PP de Valencia, Vicente Betoret, diputado autonómico, estaría al tanto de las prácticas ilegales.
Betoret era uno de los cargos que tenían “capacidad de decisión sobre la adjudicación de contratos de infraestructuras educativas, capacidad que le permitió obtener contraprestaciones (...) negociando las comisiones”, asegura Benavent. Dos de los imputados en el caso, el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, y un exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina, estaban en la camarilla que participaba en las comidas donde se repartían las comisiones.
“No sé si el dinero iba a Betoret, pero sin duda tenía conocimiento de sus entregas y origen”, siempre según Benavent. Otro exvicepresidente de la corporación provincial, Máximo Caturla, era quién proporcionaba las bolsas donde se repartían las mordidas, siempre según el exgerente de Imelsa.
“A veces el dinero que entregaba era para Rus y en ocasiones para otras personas”, declaró Benavent ante la Guardia Civil. “Eran Gerardo [Camps] y Víctor [Campos] quienes determinaban a quién adjudicar los colegios”, confesó el autodenominado yonqui del dinero. Los auditores de la Generalitat han detectado 1.000 millones de euros en sobrecostes, durante la etapa del PP, en Ciegsa, la empresa pública que se encargaba de construir los centros educativos valencianos.
Cien imputados en el mayor caso de corrupción del PP valenciano
El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control en el llamado caso Taula, el mayor asunto de corrupción del PP valenciano. Las pesquisas se centran en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, o la mencionada Ciegsa.
En todos estos organismos se pudieron realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad, precisamente la causa que ha forzado la baja de Rita Barberá en el PP.
El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad. En el asunto -con seis piezas separadas- hay más de cien imputados, incluido el propio PP como organización juridica.