Mazón exige al Gobierno una financiación extraordinaria de 3.000 millones mientras reduce o elimina 10 impuestos

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, suma a su exigencia al Gobierno central de 31.000 millones de euros, el equivalente a un presupuesto anual de la autonomía, otra partida extraordinaria de gran calado. Para paliar los efectos de la DANA, el jefe del Consell reclama a Pedro Sánchez una transferencia de 3.000 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, un mecanismo habilitado anualmente para compensar el déficit de las comunidades infrafinanciadas.

El dirigente autonómico se ha mostrado especialmente vehemente con esta cuestión en las últimas semanas, alertando de un riesgo de “colapso” de los servicios sociales. El Gobierno central no ha concretado cuáles serán los mecanismos de financiación extraordinarios para el próximo año, ni cómo compensará el déficit de los territorios infrafinanciados, por lo que el presidente valenciano aprieta con su reivindicación. Mazón estima que el déficit a cierre de 2024 será superior a los 3.000 millones de euros, el 2% del PIB, y exige una “rectificación y la movilización urgente” de mecanismos para financiar esos miles de millones “que no llegan con el sistema de financiación, pero que son imprescindibles para la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

A través de una carta al presidente Sánchez, Mazón pide también un déficit singular para la Comunitat Valenciana, la peor financiada de España, que se sufrague al 100% “la desviación del objetivo de 2024”. Sin embargo, mientras el dirigente valenciano realiza estas exigencias, sigue promocionando sus rebajas fiscales y sigue prometiendo más bajadas de impuestos, además de pedir al Ejecutivo central que en la provincia de Valencia no se paguen tributos en relación con la DANA. Ni impuestos por los nuevos vehículos, ni tributación por las ayudas públicas.

120 millones menos en Sucesiones y Donaciones

Durante año y medio de legislatura, el Consell del PP, en colaboración con Vox, ha suprimido o eliminado una decena de impuestos. La primera medida del Ejecutivo bipartito, ya roto, fue la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, que pagan los grandes patrimonios, y que tiene un impacto anual cercano a los 300 millones de euros; el 10% de lo que el Ejecutivo reclama ahora al Estado. Con la rebaja fiscal a los ricos, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, la recaudación por Sucesiones ha caído un 40% y se sitúa en 179 millones de euros. La modalidad de donaciones tuvo un impacto de 19 millones de euros en 2023 y este año queda en 15 millones de euros, una caída del 20% en los derechos reconocidos.

El Consell también ha suspendido cuatro impuestos antes de que lleguen a entrar en vigor. El primero fue la tasa turística, que constituiría un fondo para financiar mejoras en el sector, con un gravamen de entre cincuenta céntimos y dos euros por persona y noche, según decidiera el municipio. Hasta octubre de este año llegaron a la Comunitat Valenciana 1,1 millón de turistas internacionales. En algunas comunidades autónomas, esta tasa que abonan los turistas recauda más de 200 millones de euros al año.

La semana pasada el Ejecutivo aprobó un decreto para eliminar la llamada fiscalidad verde, prevista en la ley de cambio climático: se suprimen los tributos a las emisiones de CO2 de vehículos, emisión de gases contaminantes y grandes establecimientos comerciales -que ejercen de atracción de vehículos-. Fue una promesa del presidente valenciano que pronunció ante los empresarios en Barcelona, que cumple una semana antes de que entren en vigor. Se han tocado, además, los tramos autonómicos del IRPF y aprobado una batería de deducciones en la renta.

PP y Vox también prometieron eliminar el impuesto de Patrimonio, según su acuerdo de Gobierno. Este tributo lo pagan quienes superan el millón de euros de patrimonio -sin contar deudas como la hipoteca de la vivienda- y recaudó en 2024 más de 200 millones de euros, un 0,9% más que el ejercicio anterior. Este año, Mazón prometió una rebaja de un 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para las propiedades agrícolas y una rebaja del 50% en actos jurídicos documentados a los grandes proyectos industriales en el debate de política general, celebrado en septiembre. Estos tributos son los que tienen más peso en la recaudación autonómica, con 1.390 millones el primero -en conjunto- y 338 millones el segundo, según figura en el portal presupuestario de la Generalitat.

La recaudación global de las arcas de la Generalitat ha crecido un 6% este año, principalmente por los impuestos vinculados a la compraventa de inmuebles o terrenos: transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Es difícil estimar el impacto de la rebaja de impuestos a la vivienda joven, que se ha reducido del 8% al 6%, dado que las operaciones han aumentado a finales de año -marcado por el tirón de la compra por extranjeros y al contado, sin préstamo hipotecario-. El impuesto sobre viviendas vacías, que tampoco gusta al Consell, ha recaudado 7 millones de euros. También han crecido los impuestos sobre el juego: bingo, rifas y máquinas 'tragaperras', bastante simbólico en contexto de incertidumbre.

En un contexto de infrafinanciación crónica y una deuda que no deja de crecer, parece poco coherente reclamar al Ejecutivo miles de millones de euros cuando se renuncia a una parte sustancial de la recaudación y se siguen prometiendo rebajas fiscales, confiando la viabilidad de las arcas públicas al tirón inmobiliario y a proyectos económicos que están por materializarse.