El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, acude este viernes a la Conferencia de Presidentes Autonómicos con la intención de llevar un mensaje de liderazgo tras la catástrofe que ha arrasado varias comarcas valencianas y ha dejado en evidencia su gestión. Mazón avanzó que pedirá “la elaboración de un plan nacional contra inundaciones y otras catástrofes análogas y la creación de un fondo extraordinario nacional para catástrofes”.
El plan, dijo Mazón este jueves desde Carcaixent, debe preparar “a toda España en base a la experiencia valenciana contra los riesgos de las avenidas con las infraestructuras necesarias, a la vez que mejoramos nuestros sistemas de alerta temprana, avisos, nuestros protocolos de protección civil y fomentamos la cultura de la emergencia”. Este proyecto, apuntó, tiene que incluir las reformas legislativas necesarias, así como la ejecución de al menos 30 obras prioritarias para la defensa hidrológica –que llevan años de retraso, dijo– presupuestadas en 3.000 millones de euros en los puntos de más riesgo, “como mínimo de inundaciones” donde viven alrededor de 2,5 millones de españoles.
El proyecto que quiere presentar el presidente valenciano ante sus homólogos y ante el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien lleva semanas en confrontación directa tiene algunas lagunas. La primera, que ya hay un plan nacional de inundaciones. De hecho, hay unos cuantos: los de primera y segunda generación, elaborados por el Gobierno mediante real decreto, de los que emanan planes autonómicos, y su actualización en 2023. El primero lo aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016, cuando se encontraba en funciones por la reciente convocatoria electoral, con Isabel García Tejerina como responsable de Medio Ambiente.
Basta con echar un vistazo a la web del Ministerio de Transición Ecológica para toparse con los Planes de gestión del riesgo de inundación (abreviados como PGRI). Estos planes comenzaron a aprobarse en 2016, mediante real decreto, con 16 documentos: doce de las demarcaciones hidrográficas competencia del Estado (Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro) y cuatro para las demarcaciones de competencia autonómica (Galicia Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas), según figura en un comunicado de Moncloa junto a la entonces ministra García Tejerina. Están en vigor desde enero de 2016 y, según dijo García Tejerina, supusieron una inversión de 700 millones de euros estatales más 100 millones correspondientes a las medidas incluidas en los cuatro planes autonómicos.
El modelo de la demarcación elegido no es caprichoso: viene marcado por la Unión Europea. El plan nacional se realizó a instancias de una directiva europea aprobada en 2007, que señala que “los Estados miembros prepararán, para cada demarcación hidrográfica y cada unidad de gestión, mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación, a la escala que resulte más apropiada para las zonas determinadas”. Este texto también marca que deben revisarse cada seis años.
En 2021, cumpliendo lo marcado desde Bruselas, el Gobierno central inició el trabajo de otra tanda de planes de inundaciones, los llamados planes de segunda generación. El de la demarcación del Júcar, afectado por esta DANA, se aprobó en enero de 2023. Es a raíz de estos planes que se han desarrollado los instrumentos autonómicos, el Patricova en el caso valenciano, o los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. A raíz de los datos proporcionados por la Cartografía de Zonas Inundables este diario pudo elaborar un mapa en el que cualquier ciudadano puede consultar si su vivienda está en una zona con riesgo. Es por ello que se sabe que durante la burbuja inmobiliaria -en los años noventa- se construyeron 226.000 inmuebles en zonas de riesgo medio de inundación en la costa mediterránea. El plan valenciano lo aprobó la entonces consellera de Infraestructuras Isabel Bonig, rival de Mazón en el PP valenciano, durante el Gobierno de Alberto Fabra.
El mensaje del presidente resulta algo contradictorio, dado que su propio conseller de Medio Ambiente ha anunciado que quiere reformar el plan autonómico de inundaciones y recientemente ha aprobado medidas como permitir edificar hoteles a 200 metros de la costa, nada conservadoras en cuanto a seguridad en la construcción.
Mazón también ha pedido fondos extraordinarios para catástrofes, otra medida que ya está sobre la mesa. En concreto, sobre la del Parlamento europeo, que debatió esta cuestión la segunda semana de noviembre. El 5 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó formalmente a Bruselas la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a los estragos provocados por la DANA y la eurocámara, a través del grupo socialista, pidió que se tramitara con carácter urgente. Para acceder al mismo, explican fuentes europarlamentarias, las autoridades nacionales del Estado miembro afectado deben presentar una solicitud en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe, un primer paso que ya ha dado el Gobierno español. Una vez abonada la ayuda, el Estado afectado es responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control, aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.