El Gobierno central asegura que incluirá más fondos para las comunidades autónomas en la reforma del sistema de financiación. En la sesión del control al Ejecutivo, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, interpelada por Compromís, ha garantizado que las comunidades autónomas “tendrán que nutrirse de mayores recursos para poder ser capaces de financiar de forma adecuada unos servicios que tiendan a la excelencia”.
En el debate sobre el nuevo modelo de financiación que acaba de arrancar, las comunidades autónomas exigen más recursos para poder costear los servicios públicos básicos. Una de las reivindicaciones del Gobierno valenciano es que el Ejecutivo aumente los fondos para todas las autonomías. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reitera constantemente que las comunidades, que prestan los servicios básicos del Estado del Bienestar, están infrafinanciadas en su conjunto y reclama una reforma vertical, además de la revisión del reparto entre territorios.
Las primeras lecturas de la propuesta de Hacienda sobre los parámetros para calcular la población ajustada han generado cierto enfado en las comunidades infrafinanciadas, que no ven mejorar sus posiciones con esta propuesta. El informe del economista Ángel de la Fuente, de la Fundación Fedea, que realiza una proyección sobre cómo podrían quedar las autonomías con este cálculo, ha avivado el debate sobre el reparto de fondos. La ministra, interpelada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado que la propuesta de población ajustada “no es ni el resultado final, ni la variable determinante para que el resto de los parámetros que se incorporan den lugar a un resultado de financiación per cápita de un tipo o de otro” y rechaza que se hagan ránquines. Es decir, es una piedra en la reforma, no la propuesta en sí.
El parlamentario valencianista ha trasladado su escepticismo a la titular de Hacienda tomando como base el análisis de Fedea, que, estima, haría que la Comunitat Valenciana, la última en financiación por habitante, perdiera un 1,7% de recursos. “No invita a los valencianos al optimismo”, ha expresado el diputado, señalando que el documento remitido a las comunidades “es lo suficientemente ambiguo para que incluso podamos quedar peor financiados”. El análisis de Fedea solo tiene en cuenta la modificación de la variable de población ajustada y no su peso en el reparto final, ni el impacto de otros fondos que componen el sistema, que distorsionan los cálculos. Si el criterio de población ajustada, sin correcciones, cubre un 97% de las necesidades autonómicas -en una estimación sobre 100-, el nuevo criterio, sin correcciones, cubre poco más del 95%. “No hemos esperado tanto para quedarnos infrafinanciados otra vez”, reprochaba Baldoví, subrayando el estudio.
La ministra ha defendido que el documento es un “primer borrador para aproximar una propuesta sobre población ajustada” y plantea un abanico para que entre todas las autonomías se delibere qué peso deben tener las variables de población para medir la presión sobre los servicios públicos. Montero ha recordado que el cálculo incorpora propuestas del informe de expertos de la Comunitat Valenciana, un estudio “pionero” sobre la reforma del sistema de financiación, presentado en 2017.
Serán precisamente estos expertos los encargados de realizar alegaciones a la propuesta durante el mes de enero. En la primera reunión, los economistas en los que se apoya el Ejecutivo autonómico avanzaron su rechazo a los criterios correctores de despoblación y de costes fijos para las comunidades de menor tamaño. El conseller de Hacienda manifestó que solicitarán la supresión de los fondos adicionales que generan distorsión en el reparto de recursos y de las variables ad hoc. Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistía en reclamar al Gobierno que el nuevo modelo no contemple “factores que desvíen” ni “perviertan” el criterio de población ajustada en el reparto. “Nunca aceptaremos una diferencia de la financiación per cápita que sea inasumible, como la ahora a 30 puntos de la comunidad autonómica del régimen común más financiada”, sentenció el responsable del Gobierno valenciano.