Está al frente de la principal batalla del Consell, la de la reforma de la financiación autonómica. Vicent Soler (Rocafort, 1949) fue conseller de Administración Pública en tiempos de Joan Lerma y ha vuelto al gobierno autonómico de la mano de Ximo Puig como titular de Hacienda y Modelo Económico. Catedrático de Economía Aplicada, representa el ala más valencianista del PSPV-PSOE en un Ejecutivo autonómico compartido con Compromís y de fuerte tono reivindicativo. Las dificultades para hacer viable económicamente la Generalitat marcan la agenda de su departamento.
El Gobierno intentó un recorte a la Comunidad Valenciana de 1.300 millones, pero al final parece que bastará con 78 millones más otros 92. ¿Cómo se ha llegado a esa cifra y qué diferencia hay entre una cantidad y la otra?
En los presupuestos de 2016, decidimos hacer limpieza de todas las falsedades incorporadas en los presupuestos anteriores. Había hasta 1.800 millones de ingresos que se sabía que no iban a producirse. Era algo acordado, o como mínimo tolerado por el Ministerio de Hacienda. También existía en la parte de los gastos una clara diferencia entre lo presupuestado y lo que se sabía que iba a gastarse, sobre todo en Sanidad: prácticamente 1.000 millones de diferencia.
Eso es lo que generaba las famosas facturas en los cajones...
No exactamente. Las facturas en los cajones en sentido estricto se acabaron en 2012.
Bueno, ahora están en un cajón, pero controladas. Están en una cuenta corriente.
Eso es. Son facturas no presupuestadas.
¿Y qué hicieron?
Ante ese panorama, sabemos que no podemos aumentar el presupuesto en términos agregados. Se nos dice que el de 2016 no puede ser superior al de 2015. Y nosotros aceptamos esta primera restricción, pese a las insuficiencias del sistema de financiación autonómica, las deudas acumuladas, los fraudes de los que todavía tenemos que hacernos cargo y que no dejan de aparecer... Pero le decimos a todo el mundo, al ministro y a la opinión pública, que para mantener el presupuesto necesitamos 1.300 millones de euros que no están previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Y yo planteo tres escenarios para financiar esos 1.300 millones. Uno, que hubiera un Gobierno en España que pusiera en marcha un nuevo sistema con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Si se reformaba bien el modelo, llegarían más de 1.300 millones añadidos de gasto agregado, ya que nuestro gasto por cápita es muy inferior a la media...
Si llegase a buen puerto la reforma del sistema de financiación, ¿de qué cantidad estaríamos hablando?
Depende de cómo acabara. Si concluía que los valencianos hemos de estar en la media, serían 2.400 millones de euros más. Si lográramos la cifra a la que creemos que tenemos derecho, es decir una financiación cono la de las comunidades autónomas mejor financiadas, podríamos estar en los 4.000 millones. Hablamos de cifras muy serias.
Bueno, ese sería el primer escenario... ¿Cuál es el segundo?
El segundo escenario partía de que no se llega a la reforma, la negociación se prolonga y no puede aplicarse en 2016. Lo que pedimos al nuevo Gobierno es que con nosotros y las otras dos o tres comunidades más perjudicadas por la actual situación tuviera una actuación de choque para que, en nuestro caso, pudiéramos hacer frente a esos 1.300 millones.
¿Y el tercero?
El tercer escenario, que es el que no quiero, el peor de todos, consiste en volver a financiarnos mediante una desviación del déficit autorizado, por encima de los 700 millones en que se sitúa ahora, ya que al principio era del 0,3% del PIB y se ha ampliado al 0,7%. En ese caso, la desviación ha de financiarse como se han financiado todas las desviaciones de déficit desde 2012, mediante un envío extraordinario del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)...
Disculpe, ese tercero es el escenario en el que, en realidad, nos movemos.
Sí, Es lo peor, pero es lo que ha pasado. Ahora hablaremos del FLA, que considero lo más nefasto que se puede plantear para la erosión del autogobierno y el Estado del bienestar. Por simplificar, hay un FLA ordinario, que financia el déficit autorizado, y otro FLA extraordinario. El año pasado tuvimos un ejemplo de cómo el señor ministro utiliza esos FLA extraordinarios, movido por intereses partidistas. En abril del año pasado, al final del periodo de gobierno del PP, se dio un manguerazo de 2.200 millones para sufragar el desvío del déficit de 2012 y 2013, con lo que el gobierno de Alberto Fabra llegó a las elecciones de mayo habiendo pagado a proveedores y reducido el plazo de pago, que había alcanzado los 99 días en marzo. Ahora, ese plazo es de 67 días y el PP nos lo echa en cara. La realidad es que el plazo de pago a proveedores depende del ministro, no depende de mí. Si llega el manguerazo, baja porque hay tesorería y se puede pagar.
Pero ese no fue el único manguerazo, como usted lo denomina.
Hubo otro de 1.400 millones a cuatro días de las elecciones generales, en diciembre, para pagar la desviación del déficit de 2014. Todo eso era gestión del PP. Con los FLA extraordinarios se van cubriendo las desviaciones del déficit. Ocurre que el que se produjo en 2015 fue del 2,5, lo que superaba en 1,8 puntos el 0,7 establecido.Lo lógico es que, en el peor de los casos, se sufrague como en años anteriores. ¿Pero qué pasará con el déficit de 2016? Tendrá que darse un nuevo manguerazo en 2017 que lo cubra. Es decir, “a la marchita”. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que se resuelva el problema.
¿Entonces, los 2.500 euros que se esperan ahora del FLA a qué corresponden?
1.800 millones son del FLA extraordinario para cubrir el déficit no autorizado del año pasado y otros 700 del FLA ordinario para el déficit autorizado.
¿Por qué está en contra del FLA?
Cuanto más se utiliza el fondo, más evidencia la insuficiencia de la financiación autonómica. Viene a cubrir unos gastos inferiores a la media de las comunidades que, además, no hemos aumentado en relación con años anteriores. Es evidente que no tenemos un problema de gasto. No somos malgastadores. Al contrario. El problema claramente es de ingresos. Y eso ya no depende de nosotros, sino de un sistema que maltrata a los valencianos desde siempre y, sobre todo, de una forma evidente y comparable, desde 2002.
¿Se refiere al modelo que aprobó en su momento el Gobierno de José María Aznar? ¿Y qué pasó con la reforma posterior de José Luis Rodríguez Zapatero?
Los valencianos siempre hemos tenido la percepción de que el Estado no nos ha cuidado mucho. Pero hay una evidencia. Cuando vienen las grandes transferencias de competencias en los años ochenta, se hace a “coste efectivo”. Viene el dinero de lo que entonces costaban los servicios que se nos transfieren, sanidad, educación, etc. La dotación de esos servicios era menor que la media y los fondos que llegan también lo son. Los incrementos de financiación se van produciendo sobre ese déficit inicial.
¿El problema se arrastra desde entonces y no se corrigió después?
Al llegar el año 2002, todas las comunidades reciben las transferencias de sanidad y educación. Entonces, el señor Aznar pone en marcha el sistema con reglas objetivables. Aunque estaba muy presionado desde Cataluña por Jordi Pujol, el PP lo plantea como el gran pacto entre Aznar y Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Zaplana presumió mucho de ello y dijo que era un modelo para toda la vida. Poco tardó en comprobarse que aquello sirvió para consolidar la situación, un statu quo que tiene perversiones metodológicas, como la de fijar la población de 1999 como referencia para repartir el dinero. Eso nos perjudicó mucho debido a que la población valenciana creció mucho más que la española. En financiación per cápita quedamos cuatro comunidades por debajo del resto: nosotros, Murcia, Baleares y Cataluña. Sobre todo, nosotros y Murcia. La situación empeoraba cada año. Eso era una bomba que se evidenció cuando se produjo la caída de ingresos fiscales por la crisis económica.
¿La época de prosperidad disimuló el problema?
Lo disimuló, pero el sistema era perverso. El statu quo nos condenaba. ¿Qué hizo el señor Rodríguez Zapatero? Atendió la posición de las comunidades más perjudicadas, pero la reacción de otras hizo que se inventara un Fondo de Suficiencia que está pensado exclusivamente para mantener el statu quo. Es interesante revisar el debate de aquella reforma en el Congreso que acabó votando en contra el PP. No lo hizo para defender la posición valenciana sino porque consideraba insuficiente el resultado para las comunidades autónomas de población dispersa.Eso sí, en Castilla y León explicaron una cosa y aquí la contraria.
El caso es que hemos quedado supeditados al FLA.
Nosotros y Cataluña somos los que más FLA consumimos porque somos los que más insuficiencias tenemos. El FLA es una doble estafa. No se reforma el sistema y se dice que no tenemos devengos, es decir derechos económicos. Y se nos da un crédito para mantener los servicios. Con la particularidad de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas hemos hecho un esfuerzo brutal para reducir el gasto (la media era del 13%), mientras el del señor Montoro, es decir el de la Administración central, ha sido prácticamente cero, depende de si incluyes o no en el cálculo la Seguridad Social. En el caso valenciano, la reducción es superior; del 18,5% entre 2011 y 2015. Ante eso, ¿qué hace Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio del año pasado de cara a los escenarios presupuestarios de 2016? Como ministro de España, haciendo de juez y parte, en tanto que responsable de una de las tres administraciones, la central, dice que las comunidades tendrán un techo de déficit del 0,3 y él se aplica el 2,2. Las comunidades autónomas, que gestionamos el 36% del presupuesto y hemos hecho el mayor sacrificio, tenemos que volver a cargar con lo más duro. Era un escándalo, y así se lo dijimos algunos consejeros.
Después relajó un poco la exigencia...
Hubo otros dos Consejos. En el segundo dijo que el 0,3 debía exigirse para todos igual. Me rebelé contra la interpretación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hacía el señor ministro. Estamos hablando de las competencias que más afectan a la calidad de vida de las personas. Era como si se quisiera castigar a cinco millones de valencianos porque sí. Cuando reclamamos 1.300 millones lo hacemos para poder mantener los servicios.
¿Qué condiciones deben darse para que lleguen vía FLA?
Como el señor Montoro hace mal los deberes, la mayoría de las comunidades no cumplen los límites de déficit. Pese a que hace unas semanas aumentó del 0,3 al 0,7 el techo, todavía hay una diferencia. A partir de ese momento, ya no son 1.300 millones sino 900 de diferencia.
¿De ahí surge la negociación para minimizar el recorte?
Siempre ha habido una desviación de déficit de facto. La primera voz que muestra comprensión hacia nuestra situación es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que dice que poner objetivos irrealizables no es bueno y advierte de que los límites puestos por Montoro lo son. Añade que en el caso valenciano debería reducirse a 212 millones. En esas condiciones vamos a los dos Consejos de Política Fiscal y Financiera de abril. El ministro tuvo que escuchar palabras duras de varios consejeros, entre ellos yo. Al final, fijó unos acuerdos de no disponibilidad en los que decidió comunicar a Bruselas, sin consultarlo, que la Generalitat ha de reducir 170 millones de euros. Me llevé las manos a la cabeza.¿Cómo pedirnos más recortes? ¿Hemos de penalizar aún más a los que están peor? Mantuvimos una cierta presión hasta que acordamos que recortaríamos 78 millones de partidas no ejecutables y los otros 92 millones se considerarían retenciones de crédito cautelares. Se trata de retenciones que puedes modificar a lo largo de la gestión presupuestaria, que están dotadas de más flexibilidad.
¿Y esos deberes ya están hechos?
Efectivamente.
Por tanto, la Generalitat Valenciana está a la espera de qué llegue el FLA. ¿Resulta muy perentorio?
Lo es. Cada día sufre el proceso un retraso por cuestiones técnicas o burocráticas. Creo, de todas maneras, que en junio llegará el FLA. Si no lo hace, no estarán castigando al Consell y menos a mí. Estarán castigando a la gente, a los proveedores, a las empresas, a las familias...porque no hay tesorería.
¿La coincidencia con una nueva campaña electoral puede influir en que llegue o no?
Puede pasar por la cabeza del señor ministro el intento de incomodar durante la campaña a los partidos que gobernamos aquí o, por el contrario, hacer lo que hizo en la anterior campaña, cuando envió el FLA días antes de las elecciones. ¿Qué ocurrirá? Solo él lo sabe.
Aún así, el FLA no deja de ser más deuda para la Generalitat, porque se trata de un préstamo.
He hablado antes de una doble estafa. En efecto, es deuda. Y no debería serlo, sino financiación ordinaria de derechos que tenemos los valencianos. Además está el uso arbitrario que hace el ministro a la hora de lanzar cada manguerazo del FLA extraordinario. Hay poco sentido de Estado.
¿Qué habría de pasar para llegar al primero de los escenarios de los que hablaba al principio, para reformar el sistema de financiación?
Nuestra posición es clara. Estamos por la ruptura del statu quo. El problema de los valencianos no es 2009 (la reforma de Zapatero). Nuestro problema es 2002 (el sistema de Aznar) que el 2009 no solucionó. Queremos crear un nuevo sistema, una nueva metodología, que no se convierta en un ejercicio de codazos entre unas comunidades y otras. Hay que acabar con la idea de que el nivel de recursos para cada administración está prefijado.
¿Se refiere a lo que tantas veces ha dicho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que hay que hablar de la tarta completa?
Así es. Dicho de otra manera; no hablemos en primer lugar de las administraciones sino de las funciones. Ha de producirse un pacto en el Congreso de los Diputados para que todos los ciudadanos tengan garantizados unos recursos per cápita en sanidad, educación o dependencia. El paquete básico del Estado del bienestar debe estar asegurado en términos de recursos per cápita para toda la ciudadanía. Eso debe ser independiente de qué administraciones lo gestionan. Con eso estaría arreglado el 80% de la financiación autonómica. Hasta ahora, las metodologías son oscuras, difíciles de explicar.
Por tanto, para el Consell la prioridad es que haya nuevo Gobierno y ponga en marcha la reforma del sistema... La incapacidad de formar Gobierno tras las elecciones de diciembre supongo que no ha sido algo positivo.
No lo ha sido. Necesitamos un Gobierno pronto y que sea consciente de la complejidad del problema. El señor Rajoy ha estado cuatro años sin hacer nada, pese a que conoce el problema. Eso es gravísimo.
¿El muy comentado “gobierno a la valenciana”, del que forma parte, es una singularidad, una excepción, o la punta de lanza de la nueva política que viene?
Es la punta de lanza. Se trata de un modelo europeo. Será muy difícil formar mayorías absolutas, ni por la izquierda ni por la derecha. Habrá gobiernos de coalición, como ocurre en Europa. La singularidad será la mayoría absoluta.
Pero no parece que los líderes políticos españoles tengan eso muy asumido.
Por eso está bien que se hable del “gobierno a la valenciana”. El nuestro es un laboratorio muy interesante de cómo partidos diferentes, aunque no antagónicos, podemos gobernar con una cohesión creciente. El secreto de este gobierno es la voluntad de los dos partidos, el PSPV.PSOE y Compromís, pero sobre todo la voluntad del presidente Puig y la vicepresidenta Oltra.
Hay un componente valencianista en el Consell del que no tiene la exclusiva Compromís. Usted, por ejemplo, tiene una larga trayectoria en ese sentido.
Eso también ayuda. Tenemos un proyecto de país. La del presidente Puig es una socialdemocracia valencianista.