Violencia intrafamiliar, ocupación ilegal de viviendas, inmigración, delincuencia, sacar la ideología de las aulas... El acuerdo programático para un gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunitat Valenciana asume las tesis de la extrema derecha, que sale de esta negociación relámpago con sus exigencias ideológicas plasmadas en un documento sobre las líneas maestras que guiarán la política valenciana en la próxima legislatura. El programa electoral de Vox para la Comunitat Valenciana resumía sus propuestas en 12 puntos. Los 12 están reflejados en el acuerdo con el PP.
El Partido Popular que lidera Carlos Mazón asume el marco teórico y cultural que Vox lleva años trabajando y difundiendo. Apenas se encuentran menciones programáticas que puedan atribuirse a los populares, pero la huella de los de Santiago Abascal en la declaración de intenciones es nítida. Lo es desde el primer punto del acuerdo, que sitúa como prioridad “la unidad de España”, hasta el último, que dice: “Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno”.
En política importan las formas y el fondo, lo material y lo simbólico. A falta de conocer con exactitud la composición del nuevo Gobierno valenciano y la delimitación de competencias, en virtud del acuerdo suscrito este jueves parece claro que es Vox el que se hace con el marco discursivo. La impronta de la formación de extrema derecha se ve también en la distribución de las competencias, en el organigrama del Ejecutivo autonómico que se va dibujando: Vox tendrá las competencias en Cultura, Justicia –incluidas las de Interior– y Agricultura. A efectos prácticos, de momento, Justicia implica la protección de las víctimas de violencia de género y Agricultura las políticas de medio ambiente y cambio climático (aunque no está detallado si se mantendrá así en el nuevo Consell); dos asuntos que para el partido de extrema derecha han sido elementos a combatir y ha hecho de su discurso una batalla contra ellas. Ni cambio climático ni violencia de género aparecen en el acuerdo.
La extrema derecha gana la batalla cultural también en su sentido literal. La primera vicepresidencia que se conoce será para Vox, que elige para este cargo al torero Vicente Barrera y tendrá competencias en Cultura. Abogado y empresario, el matador de toros se hace cargo de un departamento que hasta entonces iba de la mano de Educación. Darle a Cultura el rango de vicepresidencia –que antes tenían Igualdad y Políticas Inclusivas y Vivienda– es toda una declaración de intenciones, acarrea un gran peso simbólico: se da a la tauromaquia un poder inédito en el marco de las ideas.
Es en el tercer punto del acuerdo donde asoman ideas propias del PP, que son calcadas a las que plantea la extrema derecha. Este punto indica que se aprobará una “ley de señas de identidad” que “proteja los valores y costumbres y tradiciones” de la Comunitat Valenciana. En 2015, en los últimos días de mayoría absoluta del PP, el Consell de Alberto Fabra aprobó una ley homónima, que consideraba patrimonio cultural valenciano, como bien de interés cultural inmaterial, los 'bous al carrer', y se establecía que mediante decreto del Consell se aprobarían las medidas específicas de protección y fomento de estos festejos. El Parlamento valenciano con mayoría progresista la derogó en 2016, argumentando que no es tarea del legislador determinar las cuestiones identitarias. Por contra, y siguiendo el modelo de 2015, se propone una ley del mismo tipo que prohíba subvenciones a entidades o asociaciones “que promuevan los ”països catalans“ (sic).
El PP de Mazón asume algo que hasta la fecha parecía una línea roja: la violencia de género desaparece. A partir de la investidura, en el marco valenciano se llamará “violencia intrafamiliar”. El documento, que no hace mención a la violencia machista, sí habla de promover “políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. Vox, que lleva a un condenado por violencia psicológica como cabeza de lista al Congreso, lleva años insistiendo en un lema: la violencia no tiene género.
Como era de esperar, las políticas feministas desaparecen de la ecuación. En su lugar, son sustituidas por las políticas “de familias”. Según los compromisos del texto, se aprobará una “ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, el acompañamiento de nuestros mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas”.
Las políticas de vivienda se reducen a un compromiso en ampliar el parque y que la Generalitat Valenciana avalará con fondos públicos un 20% de los préstamos hipotecarios a jóvenes. Sí dedican, por contra, un apartado a la ocupación ilegal de viviendas, otra de las cuestiones en las que la extrema derecha ha insistido hasta la saciedad. “Crearemos una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”, promete el documento. El eje de seguridad, uno de los epígrafes del documento suscrito, es una traslación del programa electoral de Vox, que pone el foco contra la “inmigración ilegal” y en defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El documento apunta al concepto “libertad de memoria” que, sin desarrollarse, vincula con la historia de España y de la Comunitat Valenciana. En el mismo punto afirma que “se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, una alusión a las leyes de memoria democrática. Pese a que en educación prometen “sacar la ideología de las aulas”, a las medidas anteriormente citadas se añade que los padres tengan que autorizar el contenido de las actividades extracurriculares, un guiño al llamado pin parental. Sobre el valenciano en las aulas, indica que garantizarán “la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”. Ambos partidos ya han manifestado su intención de cerrar la oficina de derechos lingüísticos, modificar los decretos educativos y rebajar el peso del valenciano en las convocatorias de empleo público.