“Les puedo asegurar que no hay nadie a quien estos hechos provoquen más repugnancia que a mi, y nadie que lo lamente más que yo” porque supone “el triste colofón de la vida de una niña a la que todo le falló desde el principio”. La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, arrancaba este miércoles su comparecencia en las Corts Valencianes leyendo los hechos probados de la sentencia que condena a un educador por abusos sexuales a una menor en un centro privado tutelado por el Gobierno autonómico.
La sentencia, además de condenar a cinco años de prisión por abuso sexual al educador, exmarido de la consellera, carga duramente contra la conselleria y los trabajadores que intervinieron en el proceso, pese a que comparecieron como testigos, criticando la “hostilidad” y “falta de empatía” del centro y las psicólogas con la menor. El personal del centro descartó la existencia de abusos, como hizo la primera psicóloga de la dirección territorial de Igualdad, hasta que meses después la Policía Nacional, en una actuación al margen, comunicó a la Fiscalía que una joven rechazaba asistir al centro en el que residía porque había sufrido abusos.
Las severas acusaciones que la magistrada vuelca sobre la conselleria motivaron la exigencia por parte de la oposición de la comparecencia de Oltra en las Corts Valencianes -que la vicepresidenta ha solicitado a petición propia- para explicar la actuación de su departamento en este caso. La investigación en Fiscalía se inició seis meses después de que el centro tuviera conocimiento de los hechos -que descartó, siguiendo su protocolo-, en junio de 2017. En septiembre, Igualdad entregó un nuevo protocolo que ordenaba que toda sospecha de abusos debe comunicarse a Fiscalía de Menores, independientemente de las investigaciones del propio centro. La magistrada afea que hasta en tres ocasiones en las que se evaluó el testimonio de la joven no se le diera credibilidad.
A la conselleria, recalcaba Oltra, no se le imputa ningún delito, ni forma parte de proceso judicial, por lo que la titular de Igualdad, con competencias en menores, reclama que no se ponga en cuestión “el trabajo, la credibilidad y el buen hacer de los funcionarios públicos” y señala que en los procesos judiciales es habitual la existencia de diferencias en las valoraciones y el criterio de los peritos: “Por eso se acude a los tribunales”. “Está en juego la credibilidad del sistema y no nos lo podemos permitir”, ha indicado Oltra, para insistir en que “puede haber errores en la administración, pero no pueden confundirse con maniobras para tapar el caso”.
La vicepresidenta se enteró por circunstancias personales de la investigación por abuso sexual, según ha relatado en el pleno. El 4 de agosto, “como Mónica Oltra y no como consellera” conoció la investigación iniciada semanas antes y el día 7, con gran parte de la dirección de la conselleria de vacaciones, se ordenó la “máxima colaboración” con la Fiscalía de Menores y se inició el expediente sobre el caso, que se envió a Fiscalía en diciembre de 2017. El expediente, que contenía un informe que restaba credibilidad a la víctima, no fue incorporado al juicio y el Tribunal Superior de Justicia obligó a que se repitiera el proceso, con la consiguiente repetición de la declaración de la víctima.
Maite, la joven que sufrió abusos con 14 años por parte del educador, fue trasladada a otro centro por el cumplimiento de otra sentencia y por orden de la Fiscalía. Al cumplir la mayoría de edad y salir de la protección de menores de la Generalitat, los servicios públicos le ofrecieron una vivienda pública o un programa de acompañamiento para menores extutelados, que rechazó el pasado año. La joven, según explicó a El Español, se encuentra sin alternativa habitacional tras vivir con varios familiares y está a punto de dar a luz. Acudió la semana pasada a los servicios sociales municipales, que están a la espera de su decisión sobre una nueva alternativa habitacional. El líder del partido de extrema derecha España 2000 José Luis Roberto se ha ofrecido a asesorarla desde su despacho de abogados y presentar una demanda contra la Conselleria de Igualdad.
La oposición reclama su dimisión
Entre la oposición, los grupos parlamentarios PP y Vox han reclamado la dimisión o el cese de la consellera de Igualdad, ante su “mayor escándalo y negligencia”, y han acusado a la vicepresidenta de ser “culpable”, no por su relación pasada con este “ser despreciable” sino como máxima responsable de la Conselleria “y de todos sus trabajadores incluido el depredador sexual”. Por su parte, Ciudadanos ha reprochado a la consellera la falta de empatía que la sentencia le afea: “La conselleria priorizó su honorabilidad por encima de la protección de la niña”, ha espetado a la vicepresidenta la parlamentaria de Cs Cristina Gabarda.