Oltra reclama al Gobierno que equipare las indemnizaciones por violencia machista a las del terrorismo

La vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, reclama al Gobierno que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se equiparen las indemnizaciones a víctimas de la violencia machista con las del terrorismo, como hizo el Ejecutivo autonómico en sus cuentas de 2018.

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha comparecido este miércoles en la comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado, donde ha explicado las principales políticas adoptadas en esta materia por parte del Ejecutivo autonómico.

En septiembre de 2017 el Consell suscribió con organizaciones sindicales, entidades sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los partidos con representación parlamentaria el Pacto Valenciano contra la violencia machista, una serie de compromisos y un manifiesto para erradicar estas formas de violencia contra la mujer. El acuerdo incluía equiparar las indemnizaciones, que posteriormente se ampliaron tanto a casos de violencia que causara un efecto mortal como una incapacidad permanente y con cobertura para aquellas personas que resultaran dañadas al intervenir para frenar una agresión de este calibre. La medida se introdujo en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para hacerse efectiva al año siguiente.

“Es la forma de reconocer colectivamente que este tipo de violencia es un asesinato o una agresión con consecuencias muy graves para las mujeres o sus hijos e hijas que debíamos haber evitado colectivamente y, especialmente, el conjunto de las Administraciones Públicas”, ha expresado Oltra en el Senado. Según sus datos, el Presupuesto de 2020 incluyó, para cumplir el acuerdo, “19,5 millones de euros, lo que supone un 157% más que en 2015”. Desde 2015, año de cambio en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, las ayudas directas se han incrementado de 498.420 euros en 2015 a 1.200.453 euros en 2019 y se ha recuperado la gestión directa del fondo de emergencia, que pasó de 100.00 euros en 2015 a 900.000 euros en 2019, vinculando el cálculo de prestaciones al Salario Mínimo Interprofesional.