Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, pedirán al Ejecutivo autonómico los contratos de emergencia realizados para paliar la DANA, en concreto aquellos adjudicados a empresas vinculadas al PP. Los socialistas reclamarán los encargos administrativos que, como ha adelantado elDiario.es, se han realizado 'a dedo' a una empresa de la que es accionista un condenado por la financiación ilegal del PP en el marco de la trama Gürtel. Se trata de un contrato de emergencia adjudicado en un procedimiento negociado sin publicidad, por 4 millones de euros, a la mercantil Becsa. Esta misma empresa también ha recibido un encargo para obras en la carretera de Chiva que aún no se ha publicado en el portal de contratación pública.
Compromís también ha manifestado que reclamarán tener acceso a “todos los expedientes” de contratos de emergencia por la DANA para “saber qué está pasando”. “Estamos viendo un patrón: o bien caen en empresas condenadas en su momento por financiar al PP o en empresas donde han trabajado compañeros de piso y jefes de gabinete de Mazón”, ha expuesto, en referencia a un procedimiento, también adelantado por elDiario.es, por el que se adjudican 290.000 euros a STV Gestión SL, de la que el secretario autonómico José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales
El portavoz de los socialistas, José Muñoz, ha recordado que los contratos de emergencia “no tienen por qué ser a dedo” y ha asegurado que en ambas adjudicaciones “sobrevuela esa sombra de sospecha que siempre ocurre cuando gobierna el PP”. “Se demuestra que ni en las peores épocas, el PP y Mazón no dejan de hacer lo que hacen siempre: generar esa sombra de sospecha sobre los contratos públicos de la Generalitat”.
En una rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Consell y futura portavoz, Susana Camarero ha explicado que se han elaborado más de medio millar de contratos de emergencia y se ha optado por este sistema “para acelerar lo máximo posible los trámites administrativos y actuar de inmediato sobre el terreno”. “Vamos a seguir a este ritmo en las labores de reconstrucción para intentar volver a la normalidad lo antes posible”, ha manifestado. Solo en infraestructuras el montante asciende a 70,4 millones de euros para reparar carreteras. Preguntada por el contrato a Becsa y el de STV Gestión, la vicepresidenta ha defendido que se cumple la normativa de contratación y que este tipo de contratos son “imprescindibles para paliar la emergencia” y se ha referido a STV como “una empresa de acreditada solvencia”.
Sobre la presa de Buseo, Camarero ha indicado que se adjudicó a una empresa que trabajaba en ella desde 2022, desde que la exconsellera Isaura Navarro le adjudicó un contrato por casi 500.000 euros, y ha indicado que estaba disponible para la emergencia. Sobre las obras en carreteras, ha remitido al departamento competente, dirigido por Vicente Martínez Mus, para conocer el detalle.
En cuanto al lote de los polígonos, ha sostenido que se trata de una empresa “de acreditada solvencia” que fue contratada “por la propia ministra” de Ciencia, Diana Morant, cuando era alcaldesa de Gandia (Valencia) en 2019.También ha señalado que el anterior gobierno del Botànic hizo contratos con esta empresa para limpiar centros de empleo de Alicante o Castellón. “Por tanto, es una empresa utilizada por diferentes gobiernos con absoluta normalidad, como Pavasal”, ha zanjado.