El exalcalde de Orihuela José Manuel Medina, del PP, ha reafirmado su inocencia en el juicio sobre la presunta trama en la contrata de las basuras de la ciudad, origen del 'caso Brugal', y ha asegurado que la empresa escogida para el servicio, Urbaser, era la “más beneficiosa” para el municipio.
Medina, alcalde entre 1995 y 2007, ha sido el segundo de los 34 encausados en prestar declaración en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, tras el principal enjuiciado, el industrial oriolano Ángel Fenoll, para quien se piden 37 años y 8 meses de prisión.
Tanto Medina como Fenoll han rechazado contestar a la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del ayuntamiento de Orihuela, y únicamente han hablado a las preguntas de sus letrados para afirmar que son “inocentes”.
Fenoll poco más ha dicho en un par de minutos, mientras que el exalcalde ha declarado durante cerca de dos horas donde ha recordado que la concesión que desencadenó el caso, la dada inicialmente a la empresa Urbaser por parte de la Mesa municipal de Contratación del 21 de marzo de 2006, fue otorgada legal y éticamente al sustentarse en la propuesta del ingeniero municipal.
A partir de su informe, él votó a favor de dar el servicio a Urbaser, así como la entonces concejal de Hacienda y el interventor, y hubo dos votos en contra, de otro concejal del PP y el secretario.
Finalmente, el procedimiento se paralizó por la aparición de unas grabaciones de vídeo e informaciones en torno a un supuesto soborno en relación a esta licitación, donde se acusaba al exalcalde y resto de participantes en la Mesa municipal de cobrar 600.000 euros por su postura.
Esta situación hizo que el concurso fuera declarado desierto y provocó que el servicio continuara siendo prestado de forma temporal por la mercantil que lo había hecho hasta entonces, Colsur, propiedad del principal acusado, Ángel Fenoll, quien había difundido las grabaciones sobre el presunto cohecho.
Además de Fenoll, el fiscal pide 12 años de prisión para Medina y otros 8 para su sucesora en la alcaldía, Mónica Lorente (PP).
Medina, que ha negado haber pedido dinero a empresas por las basuras o haber sido objeto de supuestos chantajes, ha señalado que la Mesa estaba formada por políticos pero ha precisado que su participación era “prácticamente nula” ya que basaban sus decisiones en los informes de los técnicos municipales.
De los 34 enjuiciados, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los referidos Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal. Según Anticorrupción, Fenoll destapó el caso al creer que no se le iba a renovar el contrato de basuras de Orihuela.
A este empresario se le atribuye una presunta trama mafiosa con la que trató de extorsionar a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para “doblegar su voluntad” a favor de su mercantil.
Este presunto amaño en la contrata de la recogida de residuos de Orihuela fue el origen del 'caso Brugal', que afectó a toda la provincia y que se desgajó en 17 piezas separadas instruidas por diferentes juzgados alicantinos.
Entre ellas, las relativas al PGOU de Alicante, con los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz como investigados, y el plan zonal de residuos de la Vega Baja, con el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll encausado.