El empresario Enrique Ortiz ha entrado a los juzgados de Alicante para declarar como imputado en la pieza separada del caso Brugal sobre el plan urbanístico de Rabassa, donde la investigación apunta que fue presuntamente beneficiado por la exalcaldesa popular Sonia Castedo, también imputada en la causa.
El constructor no ha hecho declaraciones a su llegada ante los numerosos periodistas, mientras que su abogado, Francisco Ruiz Marco, ha señalado que su defendido llega para “cumplir con sus obligaciones, como hace habitualmente” y que se encuentra “perfectamente”. Respecto a los regalos a políticos y funcionarios, Ruiz Marco ha manifestado que “eso no es ningún problema” dado que es “algo absolutamente sabido y legal”.
“No es nuevo, es una costumbre en España y muchos países que en Navidad se tengan detalles con personas conocidas, y no constituye delito, en principio” y a expensas “de la decisión del juez”, ha asegurado el letrado.
Minutos después de la llegada del empresario -poco antes de las 10 horas-, sindicalistas de UGT han desplegado una ristra de chorizos junto a la entrada en protesta por la falta de personal y el “colapso” de la Justicia.
La declaración de Ortiz, que además es el principal adjudicatario de contratas del ayuntamiento de Alicante, se produce justo dos semanas después de la comparecencia de la imputada Castedo y un día más tarde del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la jefa de los servicios jurídicos del mismo área, Isabel Campos, quienes negaron un trato preferente al constructor.
Relación “normal” con Castedo
Ortiz ha declarado que su relación de amistad con Castedo era “normal”, y también ha explicado que parte de su trabajo consistía en “estar detrás” de políticos y técnicos por su condición de agente urbanizador. Ortiz, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, únicamente ha señalado a los periodistas que le esperaban a las puertas del juzgado que está “tranquilo y bien”, mientras que su abogado ha evitado informar del contenido de la comparecencia.
Según los letrados de las acusaciones, Ortiz ha explicado que la relación con Castedo era normal, aunque incluía comidas y cenas familiares, y ha aclarado que su trabajo era “estar detrás” de los técnicos y políticos relacionados con el plan Rabasa porque había invertido 85 millones de euros en ese proyecto urbanístico.
13.000 viviendas
En esta rama del Brugal se investiga si la exalcaldesa Castedo pudo beneficiar a quien la oposición municipal considera su “amigo” y “empresario de cabecera”, Ortiz, en un plan urbanístico que ubicaba en 4,2 millones de metros cuadrados en el barrio de Rabassa más de 13.000 viviendas.
Se da la circunstancia de que junto a esa zona de expansión de la ciudad de Alicante se proyecta un área comercial con una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea. Además de esta causa judicial de Rabasa, Castedo figura como imputada en la rama del Brugal por las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Alicante (PGOU), igualmente supuestamente a favor de los intereses de Ortiz, también imputado.