El Pacto del Botánico estudia reformular la enmienda sobre violencia obstétrica tras las críticas de los ginecólogos

La enmienda de los grupos del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida) para considerar la violencia obstétrica -la que se da durante el embarazo o el parto- como violencia contra las mujeres ha provocado un intenso malestar entre los profesionales médicos. La responsable de la comisión de violencia de género del Hospital La Fe ha presentado este lunes su dimisión como presidenta del órgano y carga contra la propuesta, que tendrá que ser debatida en las Corts Valencianes en diciembre. Ana Monzó, experta en ginecología, considera que la norma “tiene un fundamento irreal, es injusta, nos criminaliza como profesionales y va a tener consecuencias muy negativas en nuestra relación de respeto y confianza mutua con las mujeres (embarazadas o no) a las que atendemos” y especialmente, indica “sobre la salud de las gestantes y sus criaturas”.

La doctora, parte de la comisión desde 2015 y presidenta desde 2019, considera un contrasentido “seguir liderando un proyecto que lucha por la erradicación de la violencia de género y, a la vez, se me considere una maltratadora machista contra las mujeres por desarrollar mi actividad profesional” como ginecóloga, según afirma en el escrito de dimisión al que ha tenido acceso este diario.

La enmienda presentada este jueves a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos modifica la ley integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana e introduce la violencia obstétrica como una forma de violencia machista, equiparándola a los malos tratos, la violencia psicológica o a la mutilación genital. La propuesta legislativa establece que se añada al articulado de la norma la violencia obstétrica como “aquella que sin el consentimiento libre, previo e informado, en el marco de la definición de la Organización Mundial de la Salud, sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos”.

Los profesionales consideran que la medida les criminaliza por su ambigüedad y abogan por la revisión de los protocolos y la implementación de programas para mejorar la atención a las pacientes. El ginecólogo Manuel Fillol considera que la prevención de la violencia ginecobstétrica debe impulsarse desde la Conselleria de Sanidad con los profesionales. Fillol plantea planes de formación, un control de los protocolos y las prácticas médicas y un sistema de evaluación de las mismas. El especialista indica que el término violencia obstétrica ha sido reconocido por organismos internacionales, entre ellos la OMS, que recogen malas praxis en distintos países, y cree que en la profesión hace falta cierta autocrítica, dado que la medicina es un campo que se encuentra en constante evolución, pero considera que la introducción del concepto como violencia machista puede romper la relación de confianza médico-paciente. El ginecólogo considera fundamental una atención empática por todos los profesionales del sistema sanitario durante una intervención tan delicada como el parto y cree que la desinformación, junto a los prejuicios, pueden generar conflictos entre los profesionales y los usuarios del sistema de salud.

En su declaración, que puede leerse en el enlace sobre estas líneas, la OMS indica que “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. El organismo realiza una llamada contra “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto”, reconociendo que no hay una definición unánime sobre qué prácticas constituyen esta violencia y el vacío existente en los estudios a nivel global. La OMS subraya que “en particular, las embarazadas tienen derecho a recibir un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva”. Al tratarse de una organización global, incluye prácticas que no se dan en todos los sistemas sanitarios, desde la retención de un paciente si no puede pagar la asistencia, la negativa a suministrarle analgésicos o la esterilización, hasta otras como el “maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal”. Es en la parte del cumplimiento del deber de consentimiento informado para las intervenciones en la que más hincapié se hace en España, con intervenciones como la episiotomía en el foco.

En los últimos años mujeres y colectivos profesionales han alzado la voz contra prácticas que se han convertido en rutinarias pese a que los organismos internacionales las indican como extraordinarias. Intervenciones como la episiotomía -una incisión que se hace en el perineo que tiene como finalidad facilitar el parto-, pueden provocar molestias físicas como incontinencia y dolor crónico y psicológicas, como el estrés postraumático. Las revisiones estadísticas indican que estas prácticas han ido en aumento en España y colectivos de activistas como El Parto es Nuestro trabajan intensamente por la visibilización de las malas praxis. La reforma de la Ley del Aborto en la que trabaja el Ministerio de Igualdad incluirá la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres, según avanzó la responsable del Instituto de las Mujeres estatal.

En los grupos parlamentarios también hay división sobre el contenido de la norma. La rama socialista se muestra escéptica con la propuesta y reclama una definición más acotada de este tipo de violencia, ante el riesgo de criminalización de los médicos. Algunas parlamentarias consideran que la violencia obstétrica es una mala praxis o negligencia médica y debe ser regulada como tal, no como una forma de violencia sobre las mujeres que se dé de forma estructural, como indican las leyes contra la violencia machista. Desde Compromís insisten en que la definición que marca la enmienda es la misma que emplea la Organización Mundial de la Salud y consideran suficientemente definida la violencia, mientras que en Unides Podem reflexionan sobre el concepto y sus posibles implicaciones para los ginecólogos y las pacientes.

Este miércoles, el pleno de las Corts Valencianes debate una Proposición No de Ley presentada por los mismos grupos a propuesta de Compromís para instar al Ministerio de Igualdad a que incluya estas malas praxis en la reforma de la Ley del Aborto e instar al Gobierno de España a incluir las recomendaciones de la Estrategia por la atención al parto normal en los contenidos de la formación MIR y la formación EIR de especialidades de obstetricia-ginecología, pediatría y formación continuada. El malestar en los colectivos profesionales provocado por la propuesta de modificación de la ley de violencia contra las mujeres ha hecho que la propuesta se tambalee.