Los grupos parlamentarios en las Corts Valencianes han celebrado la apertura del juicio oral por el accidente del metro de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, y que después de casi trece años del suceso vaya a hacerse “justicia” por la vía penal.
Sin embargo, el diputado del PP Alfredo Castelló ha manifestado que su partido “respeta” las decisiones judiciales “igual” que lo hace con “cualquiera de los archivos que hizo la instructora del caso”, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, quien a su juicio “hizo una instrucción procelosa”.
En el juicio oral se sentarán en el banquillo ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), durante el gobierno del PP, y al respecto Castelló ha señalado: “No nos queda más que confiar en la presunción de inocencia y que haya una sentencia que dicte justicia”.
El diputado popular ha defendido, en relación con los exdirectivos de FGV que serán juzgados, que “hay un principio de confianza” de la Administración en sus propios actos y en el de sus trabajadores y que son las sentencias judiciales las que dicen si han sido “conformes a derecho”.
Castelló ha criticado asimismo la segunda comisión de investigación que se abrió en el Parlamento valenciano sobre el accidente, que ha tachado de “desastre y una farsa” y cuya única función fue, a su juicio, conseguir “un objetivo político”.
El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha manifestado que la apertura del juicio oral, aunque “llega tarde”, es “un reconocimiento de la Justicia a que se puede hacer justicia”, y no habría sido posible sin las familias de las víctimas del accidente, que “dieron una batalla jurídica y social que al final ganaron, llenando la plaza -de la Virgen- y ahora con la apertura del juicio”.
Para Mata es además un reconocimiento en el tiempo a la labor hecha por el nuevo Consell, así como al trabajo “serio y consistente” de la comisión de investigación y de los abogados de las víctimas que han luchado para que se reabriera el caso.
Isaura Navarro (Compromís) ha celebrado que “por fin” se vayan a depurar responsabilidades penales y ha señalado que en las mismas está el “incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales”, ya que sostiene que “no se atendieron las demandas del comité de seguridad” como la instalación de la baliza, que “hubiera evitado el accidente”.
El cambio de juez será “clave”
Navarro considera además que el hecho de que la jueza instructora del accidente “no esté en el caso”, al pasar a un juzgado de lo Penal, será “clave” para avanzar en las responsabilidades penales, ya que ha asegurado que su “dejadez” durante la instrucción llevó a la desaparición de pruebas clave y “desde el primer momento prejuzgó sin hacer la tarea de investigación” que le correspondía.
Desde Podem, Cristina Cabedo ha recordado que las Corts ya “desmontaron” en la segunda comisión de investigación la “falacia que el PP intentó instaurar en al sociedad de que el accidente era inevitable”, y ha deseado que este juicio “sirva para depurar las responsabilidades penales de quienes tomaron las decisiones, tanto cargos políticos como directivos antes y después del accidente”.
La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha manifestado que ahora “es el momento de que la Justicia haga su papel y dirima responsabilidades”, principalmente por las víctimas y sus familiares tras “muchos años de pedir justicia”.
“Esperanza” en un juicio justo
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la “esperanza” en que haya un juicio justo es “absoluta”. A su juicio, “desgraciadamente ha tardado mucho tiempo en hacerse esta apertura” en un proceso en el que ha habido “muchas vicisitudes” -la instructora lo archivó hasta en tres ocasiones y finalmente va a juicio tras la orden de la Audiencia que le ordenó reabrir la causa-, aunque ha apuntado que la “esperanza en que haya un juicio justo es absoluta”.
“El sistema judicial funciona y, por tanto, al final se ha producido este proceso”, ha dicho, aunque ha lamentado que existe “una responsabilidad política que aún no ha asumido con toda la dimensión el PP, que no es el culpable directo ni el Gobierno de lo que pasó, si es bien cierto que es culpable de la desatención y la falta de humanidad con que se trató esta cuestión”, ha argumentado.
Puig ha defendido que el trabajo de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio ha sido “fundamental para una recuperación política”, algo que el Gobierno del Botànic “hizo desde el primero día”, y después para que haya “una respuesta jurídica que habrá ahora”.