El 31 de octubre del próximo año la princesa Leonor cumple la mayoría de edad, de forma que deberá jurar el acatamiento de la Constitución española, un momento que parece oportuno para que antes se incluyan en la Carta Magna dos modificaciones que cuentan con un amplio consenso social y político (todos los partidos con representación en las Corts están de acuerdo, a excepción de Vox): la primera, impulsada por Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), exige la modificación del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el ofensivo término “disminuido” para referirse a las personas con discapacidad y la segunda, impulsada desde el Parlamento autonómico valenciano con un amplio consenso apenas roto por la extrema derecha, se refiere a la recuperación plena efectiva del derecho civil propio, una competencia de la que pueden presumir por motivos históricos otras seis comunidades autónomas, pero no la valenciana.
El pasado mes de septiembre, Unidas Podemos presentó una proposición de ley ante la Mesa del Congreso para que estas dos propuestas de modificación se tramitarán de forma conjunta -la primera presentada en la Cámara con fecha 21 de mayo de 2021 y la segunda datada con anterioridad, el 28 de febrero de 2020-.
Desde la asociación Juristes Valencians apuntan que estas “mínimas reformas”, que se presentan de forma conjunta por una cuestión de “economía procesal”, se canalizan a través del procedimiento simplificado previsto en el artículo 167 para modificaciones “poco relevantes”, tal y como explica José Ramón Chirivella, presidente de la entidad cívica. La solicitud relacionada con el derecho civil valenciano está sometida a “continuas prórrogas” en el trámite de enmiendas, lo que ha provocado que la iniciativa permanezca paralizada desde hace meses en la comisión constitucional del Parlamento.
A juicio de Chirivella, no es nada positivo “para la salud de la democracia española el estancamiento de cuestiones que cuentan con grandes consensos sociales”. Por ello, el presidente de Juristes Valencians, que exige la implicación del secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, llama a la responsabilidad de PP y PSOE para “evitar” que la princesa heredera tenga que jurar un texto constitucional cuestionado por los representantes de cinco millones de personas con diversas discapacidades y por cinco millones de valencianos, “perplejos ante la desatención del Congreso, incluso ante una cuestión sin coste económico, como es la recuperación del derecho civil valenciano”.
Juristes Valencians, que el pasado 30 de noviembre protagonizó una acción reivindicativa en el Congreso de los Diputados respaldada por los parlamentarios valencianos de PSOE, PP, Unides Podem y Compromís, denuncia que la reforma que reclaman sociedad y partidos (excepto Vox) lleva “tres años durmiendo” en la Cámara Baja, lo que califican como “desprecio” a la plena recuperación de la capacidad legislativa civil valenciana, “recortada de facto” tras las sentencias del Constitucional en 2016 que anularon tres leyes civiles valencianas (las normas relativas al régimen económico matrimonial, a las uniones de hecho y la que regula la custodia compartida). Chirivella recuerda que entre 2008 y 2016 se aplicó a 300.000 valencianos, según detalla.
En febrero de 2020, las Corts Valencianes -con los votos a favor de PP, PSPV, Compromís, Unides Podem y los exrepresentantes de Ciudadanos- plantearon al Congreso la recuperación efectiva del derecho civil valenciano por el cauce legislativo previsto en el artículo 167 de la Constitución. Se trata de una modificación “técnica e irrelevante” de la Carta Magna que está paralizada en el Congreso porque PSOE y PP “no se han tomado interés en su tramitación”.
Carta de Morera a Batet
El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morara, ha remitido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, (fechada el 25 de noviembre) en la que recuerda los tres años que lleva paralizada la petición para la recuperación del derecho civil valenciano y solicita una tramitación conjunta del artículo 49, tal y como reclama Cermi, que persigue una redacción respetuosa con las personas con capacidades diversas y una mejora de sus derechos: ambas reformas “representan un bien incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundización de nuestra democracia”.
Las instituciones valencianas y sus representantes ya han reclamado en reiteradas ocasiones la subsanación de esta “injusticia histórica” sin que se hayan producido avances en esta materia. La reforma del Estatut d'Autonomia impulsada por Francisco Camps como presidente de la Generalitat y aprobada en 2006 recoge explícitamente que la Generalitat procurará la recuperación del derecho foral valenciano. El Estatut fue refrendado por el Parlamento español sin que sobre él existiera sospecha alguna de inconstitucionalidad.
En virtud de este texto, se promulgaron -todavía con el Partido Popular al frente del Gobierno autonómico- las leyes de régimen económico matrimonial valenciano (2007), de relaciones familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven (2011) y de uniones de hecho (2012), tres normas que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2016. De estas tres normas se beneficiaron los 250.000 valencianos casados entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de mayo de 2016, que mantienen el régimen económico matrimonial de separación de bienes; 15.000 parejas a las que se les sigue aplicando la conocida como ley valenciana de custodia compartida y las 15.000 parejas que conviven como unión de hecho en el territorio valenciano y que mantienen efectos civiles de los que carecen las uniones constituidas a partir del 15 de julio de 2016.
Las sentencias del Tribunal Constitucional entienden que la modificación estatutaria del año 2006 “no tiene ninguna relevancia competencial y vacían de contenido efectivo una serie de disposiciones capitales de la norma básica, trivializando en última instancia el propio Estatut”.
Para evitar este tipo de lecturas, la proposición impulsada por las Corts a instancia de Juristes Valencians insta al Congreso a modificar la disposición adicional segunda de la Constitución para poder garantizar “el pleno ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas en igualdad de condiciones respecto del resto de comunidades autónomas con tradición foral”. El texto quedaría de la siguiente forma: “La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida en sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales”.
La pérdida del derecho civil valenciano tiene su origen en los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V tras la guerra de sucesión española -que tuvo lugar entre los partidarios del rey Borbón y los del archiduque Carlos de Habsburgo a comienzos del siglo XVIII tras la muerte sin descendencia de Carlos II-, que supusieron la derogación de los fueros del antiguo Reino de Valencia por su apoyo al candidato de los Austrias.