Vox, el único socio posible del PP de Carlos Mazón, comienza a concretar cuáles son sus condiciones para apoyar al partido en su aventura de Gobierno en solitario. La ultraderecha, que lleva semanas insistiendo en que la política migratoria es un punto innegociable de manera algo ambigua, aterriza en el debate de política general los puntos de la negociación, con el foco puesto en la atención que realizan las ONG.
El partido que dirige Santiago Abascal reclama al PP que impulse un “bloqueo naval” en el Estado e impida la labor de los barcos de rescate humanitario en los puertos valencianos. En concreto, acusan a las entidades de colaborar con “el tráfico ilegal de personas” y exigen que se pongan en marcha las medidas “a fin de evitar que los barcos (...) atraquen en los puertos de titularidad autonómica”. También quiere prohibir que los menores migrantes que entren en España “de manera irregular” accedan a las ayudas públicas, en concreto al “plan para la transición a la vida independiente y de emancipación” y que se realicen “pruebas forenses” para determinar la edad de los extranjeros que entren en el país.
La ultraderecha insiste en eliminar ayudas a asociaciones que promuevan la “inmigración ilegal”, suprimir “todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales” o impulsar un plan de repatriación de los menores no acompañados, así como “consultar al pueblo español en referéndum sobre el modelo de defensa de fronteras que quieren para España”. Asimismo, rescata sus propuestas de deportar a los migrantes que cometen delitos, derogar las estrategias de migración e integración y endurecer los controles fronterizos.
Los ultras sacan pecho además de impulsar desde fuera del Ejecutivo una de las medidas más cuestionadas de las últimas semanas. El Gobierno de Mazón viene reclamando a las entidades de rescate de migrantes el pago de las tasas portuarias de las que les eximió el Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos). La cifra que se les exige por las labores de estacionamiento en el puerto ya roza el medio millón de euros. Se trata de las naves Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han salvado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.
Este jueves, la presidenta de las Corts Valencianes y miembro de la Ejecutiva de Abascal, Llanos Massó, aseguró que “gracias a Vox, en la Comunitat Valenciana, los barcos de ONGs que facilitan el trabajo a las mafias de tráfico de personas pagarán las tasas por atracar en los puertos dependientes de la Generalidad, cosa que no hacían por obra y gracia de la vicepresidenta del gobierno del Botánico, Mónica Oltra”.
En la defensa de las resoluciones del debate de política general, que se aprueban este viernes, el portavoz de la formación ultra en el parlamento, José María Llanos, insistió en que “la Inmigración ilegal, indiscriminada e irregular es una condición sine qua non para cualquier negociación”, tras mostrar su mano tendida al PP de Carlos Mazón. El presidente popular prometió en su intervención que los pescadores no pagarán tasas portuarias y aseguró que el Gobierno central sí se las cobra a las ONG, algo que el Boletín Oficial del Estado desmiente.
Llanos defiende la exención de pescadores de las tasas portuarias, que anunció el presidente del PP en el debate, y según afirma impulsó José Luis Aguirre, el exconseller de Agricultura con Vox. De ser cierto, sería un gesto del PP hacia sus exsocios, en busca de mantener la relación pese a suspender la convivencia. Los populares han tendido la mano a los ultras para llegar a acuerdos en algunas resoluciones, de cara a facilitar un acercamiento en lo que resta de curso.
El debate de política general sirve como reencuentro formal entre ambas formaciones tras su abrupta ruptura el pasado julio, y como preámbulo a la negociación más dura del año: los presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio.